Al menos 45 personas han perdido la vida, incluidos ocho menores, desde el inicio de las protestas que han sacudido Irán desde finales de diciembre de 2025, de acuerdo con la ONG Irán Derechos Humanos (IHR), con sede en Oslo. Este estallido social, que ha alcanzado los 12 días, ha afectado a diversas provincias del país, impulsado por el empeoramiento de la situación económica y las crisis energética y de agua. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG, advirtió que «la represión se está extendiendo y volviendo más violenta cada día». Además, se reportan «cientos» de heridos y más de 2,000 detenciones, destacando que el miércoles fue el día más letal, con 13 manifestantes muertos. Por otro lado, medios y autoridades del régimen iraní informaron sobre la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad en este período.

Amiry-Moghaddam ha manifestado que «la evidencia indica que la magnitud de la represión se intensifica y se expande cada día». En este contexto, ha hecho un llamado a la ONU y a la comunidad internacional para que tomen medidas «decisivas, conforme al derecho internacional, para prevenir la masacre de manifestantes». Para intentar controlar las protestas, las autoridades iraníes han restringido el acceso a Internet, bloqueando conexiones y servicios externos. La plataforma NetBlocks, que monitorea el tráfico y la censura en línea, ha declarado que Irán enfrenta un «apagón» de Internet «a nivel nacional», resultado de «una serie de medidas de censura digital» que obstruyen el derecho a la comunicación en un momento «crítico».

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente lideradas por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro económico, la caída del rial y la alta inflación. Estos grupos han estado tradicionalmente alineados con el régimen debido a sus políticas proteccionistas. Además, al menos 36 universidades han participado en las protestas, difundiendo lemas antigubernamentales. El país atraviesa una crisis económica severa, con una inflación anual superior al 42% y una interanual que superó el 52% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024. Esta crisis se ve agravada por las estrictas sanciones de Estados Unidos y la ONU relacionadas con su programa nuclear, así como por una grave sequía que ha llevado a las autoridades a implementar racionamiento de agua.

El 2 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a través de Truth Social que intervendría en «rescatar» a los manifestantes si Irán actuaba violentamente contra ellos, afirmando que «estamos listos, armados y preparados para intervenir». En una reunión previa con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump afirmó que EE.UU. «debería derribar» cualquier intento iraní de reconstruir sus capacidades nucleares, insinuando que una posible operación militar sería «más poderosa» que la anterior.

Este jueves, la policía iraní reanudó el uso de fuego real y gas lacrimógeno contra los manifestantes. Según la agencia de noticias Fars, un agente de policía fue apuñalado mientras «participaba en esfuerzos para controlar los disturbios» cerca de Teherán, y murió horas después. Desde que comenzaron las protestas, que se iniciaron el 28 de diciembre, se han llevado a cabo manifestaciones en más de 100 ciudades, especialmente en el este, afectando a 27 de las 31 provincias. Estas protestas, que inicialmente estaban relacionadas con el aumento del costo de la vida, son las más grandes desde la muerte de Mahsa Amini en custodia de la ‘policía de la moral’ en 2022.

Durante las manifestaciones, se han escuchado consignas como «esta es la batalla final, Pahlavi volverá», haciendo referencia a la dinastía derrocada en 1979. También se han expresado gritos contra el líder supremo Ali Jamenei, exigiendo su derrocamiento. Reza Pahlavi, hijo del rey depuesto, ha afirmado que la participación en las protestas del miércoles es «sin precedentes» y ha instado a nuevas manifestaciones. A través de las redes sociales, Pahlavi destacó que el régimen está «profundamente asustado» y está intentando cortar Internet para dificultar la movilización.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, autodenominado moderado y reformista, instó a las fuerzas de seguridad a distinguir entre manifestantes legítimos y «alborotadores» que amenazan la seguridad nacional. Anteriormente, había señalado que el culpable de la situación es el propio Gobierno, instando a no buscar culpables externos y a «servir adecuadamente para que la gente esté satisfecha».

Por otro lado, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) compartió un video de manifestantes en Kuchenar derribando una estatua de Qassem Soleimani, líder de la Guardia Revolucionaria, quien fue asesinado en un ataque estadounidense en 2020. HRANA también publicó imágenes de manifestantes encendiendo fuegos en las calles y de fuerzas de seguridad atacando violentamente a civiles. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las autoridades han asaltado hospitales para arrestar a manifestantes heridos, y Amnistía Internacional ha observado un «uso ilegal de la fuerza» en más de diez días de protestas, con informes de heridos y muertos entre los manifestantes y testigos.