La administración de Trump parece estar en condiciones de proseguir sus ofensivas contra presuntos narcotraficantes de carteles latinoamericanos sin las restricciones impuestas por una legislación de hace más de 50 años, que requiere la aprobación del Congreso para llevar a cabo este tipo de operaciones. Así lo informó un abogado de alto rango del Departamento de Justicia a un grupo de legisladores, según un reporte del Washington Post.

T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del gobierno, expresó su postura ante un selecto grupo de congresistas, en medio del incremento de la tensión militar entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que la Casa Blanca acusa de liderar el Cartel de los Soles, conocido por su tráfico de drogas. Las señales indican que Trump podría autorizar ataques directos contra objetivos relacionados con narcotráfico en el país caribeño.

De acuerdo con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad legal para autorizar la continuación de un conflicto militar sostenido, con la finalidad de evitar campañas militares no autorizadas por los legisladores, un legado de la guerra de Vietnam.

Desde el 2 de septiembre, el Pentágono ha llevado a cabo 14 ataques contra embarcaciones y un sumergible, resultando en la muerte de al menos 62 individuos que, según la Casa Blanca, estaban involucrados en actividades de narcotráfico en aguas internacionales, aunque no se han presentado pruebas concretas de esos delitos. De la serie de ataques, solo han sobrevivido dos personas, que fueron repatriadas a Colombia y Ecuador. Una tercera persona sigue desaparecida en aguas del Pacífico.

Apenas dos días tras el primer ataque en septiembre, el gobierno notificó al Congreso sobre la operación militar, iniciando un conteo de 60 días que culmina el 3 de noviembre, fecha límite para que se utilicen las Fuerzas Armadas, a menos que el Congreso declare la guerra o apruebe una ley que autorice la acción.

Trump ya había insinuado la semana pasada que no consideraba necesario el consentimiento del Congreso para sus acciones militares contra narcotraficantes. A principios de octubre, el presidente clasificó a estos carteles como «combatientes ilegales», argumentando que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional», según un memorando filtrado.

Trump y otros funcionarios, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han utilizado una retórica que compara a los carteles de la droga con terroristas como Al Qaeda, intentando así justificar las medidas letales. Hegseth declaró que «estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda» y que serían perseguidos y eliminados.

El Washington Post reporta que, según fuentes cercanas al asunto, Gaiser comunicó a los legisladores que la administración Trump no considera que estos ataques cumplan con la definición legal de hostilidades, por lo que no solicitarán una extensión del plazo de 60 días ni la autorización del Congreso para continuar la campaña militar en el Caribe, donde hay una presencia significativa de barcos de guerra y personal militar estadounidense.

Esta acumulación de fuerzas, junto con la inusual autorización de Trump a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, ha alimentado especulaciones sobre un posible ataque militar directo a objetivos en ese país, con la intención no confesada de derrocar a Nicolás Maduro.

Sin embargo, Trump ha negado estar planeando ataques en Venezuela. Un alto funcionario del Congreso comentó que «la administración parece estar sobrepasando el límite de 60 días», subrayando la controversia sobre la interpretación de la Resolución de Poderes de Guerra.

La posición del gobierno ha sido cuestionada por congresistas, expertos legales y la ONU. Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, calificó los ataques como «inaceptables» y exigió su cese inmediato, indicando que violan el derecho humanitario internacional.

El senador Tim Kaine expresó que la Casa Blanca no ha proporcionado información crucial sobre la base legal y el proceso de toma de decisiones que justifica los ataques. Por su parte, Adam Smith advirtió sobre la falta de transparencia de la administración en cuanto al uso de la fuerza militar.

Varios expertos legales han argumentado que, con la información disponible, los ataques podrían ser considerados ilegales bajo el derecho internacional. Mark P. Nevitt, un experto en derecho militar, destacó que la retórica de la Guerra contra el Terrorismo no otorga mayor autoridad legal al presidente para llevar a cabo acciones letales en el contexto del narcotráfico.