El Congreso de la República ha comenzado el debate final sobre el Presupuesto General de la Nación 2026, que se ha establecido en $546,9 billones tras una reducción de $10 billones respecto al proyecto original del Gobierno. Este ajuste, según la representante a la Cámara Martha Alfonso, es fruto de un acuerdo político entre diferentes partidos, con el objetivo de asegurar la viabilidad legislativa y evitar que el presupuesto sea aprobado por decreto, tal como ocurrió el año anterior. Alfonso explicó que la propuesta incluye una financiación contingente; el Gobierno prevé ingresos de $530,6 billones para 2026, con un crecimiento económico estimado del 3% y una inflación promedio del 3,2%. Sin embargo, se presenta un déficit de $16,3 billones, que se espera cubrir mediante una ley de financiamiento ajustada que actualmente se encuentra en elaboración.

«Si esta ley no se aprueba, el país podría enfrentar una grave crisis fiscal. Por eso, confiamos en que el Congreso esté a la altura de las circunstancias», subrayó la congresista de la Alianza Verde.

Recorte sin sacrificar la inversión social

La representante destacó el esfuerzo del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Germán Ávila, por proteger el presupuesto de inversión, que solo se ha reducido ligeramente, manteniéndose en $88,4 billones. «El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que no se vea afectada la inversión social ni los programas del Plan Nacional de Desarrollo», afirmó Alfonso. De los $10 billones recortados, la mayor parte corresponde al gasto de funcionamiento, que se ha fijado en $358,1 billones, mientras que el servicio de la deuda se ajusta a $100 billones, dos billones menos que en 2025. Estos recursos serán reorientados hacia políticas sociales y proyectos regionales, priorizando iniciativas como comunidades energéticas, infraestructura local e ingreso solidario.

La congresista también destacó que el Gobierno ha cumplido con el pago de la deuda externa derivada del crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cancelando $22 billones en dos años sin implementar nuevos impuestos. «Se ha pagado una deuda considerable sin afectar el bolsillo de la gente, y eso merece reconocimiento», indicó. Además, señaló que parte del déficit fiscal actual se debe a que el gobierno de Duque dejó desfinanciado el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FPEC), lo que incrementa la carga fiscal sobre los impuestos del pueblo colombiano.

Sectores con ajustes y prioridades

Martha Alfonso mencionó que los ministerios de Trabajo, Inclusión Social, Justicia e Interior son los más impactados por los recortes, mientras que Deporte, Comercio, Transporte, MinTIC y Salud experimentan ligeros incrementos o mantienen sus asignaciones. «El ministerio de Trabajo pierde 2,6 billones, Inclusión Social más de 2 billones y Hacienda cerca de 3 billones; en cambio, sectores estratégicos como Deporte, Comercio y Tecnología logran aumentos», explicó.

Ley de Financiamiento y carga tributaria

El ajuste fiscal incluye una Ley de Financiamiento por $16,3 billones, que es $10 billones menos que la versión inicial. El Gobierno ha retirado del texto algunos impuestos que habían generado controversia, como el aumento del precio de la gasolina y el impuesto a la cerveza. Según Alfonso, el tributo a los combustibles tenía como objetivo reducir el subsidio estatal a la gasolina y desincentivar el uso de energías fósiles, en consonancia con la política climática del presidente Gustavo Petro.

Corte Constitucional y presión fiscal

La representante también criticó la suspensión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, una medida que, según ella, impide un ahorro estimado de $33 billones anuales que podrían ser destinados a inversión social. «Mientras la Corte congela una reforma que aliviaría la carga fiscal, el Estado debe seguir pagando pensiones elevadas con los impuestos del pueblo colombiano», afirmó.

Finalmente, Alfonso expresó su confianza en que el Congreso apruebe el presupuesto sin «jugaditas de último momento» y con una visión de responsabilidad nacional. «Hay consenso para avanzar con el presupuesto, y esperamos que prevalezca la sensatez y el bienestar general del país», concluyó.