Colombia se encamina hacia una de las jornadas electorales más vigiladas y complejas de su historia reciente. El panorama de orden público ha pasado a ser la principal preocupación tanto de las autoridades como de la ciudadanía, debido a una serie de eventos que ponen en tela de juicio las garantías de seguridad para candidatos y votantes. En un contexto marcado por la fragmentación de grupos armados y la presión en los territorios rurales, el Estado se enfrenta al reto de asegurar que las urnas no sean silenciadas por la intimidación.

​Amenazas crecientes y el mapa de riesgo electoral
​Los informes recientes de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales pintan un cuadro preocupante. En departamentos como el Cauca, Valle del Cauca y Huila, se ha reportado una intensificación de las acciones de grupos al margen de la ley que buscan influir en el proceso democrático. Desapariciones temporales de candidatos, ataques con drones cargados de explosivos y el hostigamiento sistemático a líderes sociales han encendido las alarmas sobre la existencia de zonas donde el proselitismo político es una actividad de alto riesgo.
​La violencia no se limita a las áreas rurales. En grandes centros urbanos como Bogotá, el descubrimiento de arsenales y la identificación de células activas de grupos guerrilleros han forzado a las fuerzas militares a redoblar la vigilancia. El objetivo de estas estructuras parece ser la creación de un clima de zozobra que desincentive la participación ciudadana y debilite la legitimidad de los resultados electorales. La inteligencia militar ha intensificado los operativos de control, pero la capacidad de adaptación de estos grupos, mediante el uso de tecnología como aeronaves no tripuladas, representa un desafío técnico y táctico sin precedentes.

​El rol del Consejo de Estado y la transparencia institucional
​Paralelo a la crisis de seguridad física, el país observa con atención el desarrollo de procesos judiciales que podrían alterar la composición del Congreso. El Consejo de Estado ha ordenado la práctica de nuevos testimonios de figuras clave en escándalos de corrupción y manejo de recursos públicos, lo que mantiene en vilo la estabilidad jurídica de varios legisladores y candidatos actuales. Esta incertidumbre legal se suma al clima de desconfianza que tradicionalmente rodea los procesos de conteo y transmisión de datos.
​Desde la Registraduría Nacional se ha insistido en que el sistema de votación es robusto y que se han tomado todas las medidas para evitar fraudes. No obstante, las discusiones sobre el diseño de los formularios electorales y la instrucción de dejar casillas en blanco han generado una controversia política que ha llegado hasta la Casa de Nariño. La transparencia no es solo una cuestión técnica, sino una percepción social que se ve erosionada cada vez que un actor político cuestiona las reglas de juego antes de que se abra la primera mesa de votación.

​Protección a candidatos y la respuesta de la Fuerza Pública
​El Ministerio de Defensa ha desplegado un plan especial de protección que incluye esquemas de seguridad reforzados para los aspirantes que han denunciado amenazas directas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es objeto de debate. Casos de candidatos que desaparecen durante sus recorridos por regiones apartadas evidencian las grietas en el control territorial. La estrategia estatal se centra ahora en la recuperación de corredores estratégicos para permitir que el material electoral llegue a cada rincón del país y que los jurados de votación puedan cumplir con su labor sin presiones armadas.
​La sociedad civil, por su parte, ha convocado a diversas jornadas de observación y veeduría. La comunidad internacional también mantiene sus ojos puestos en Colombia, entendiendo que la estabilidad del país es fundamental para el equilibrio regional. La jornada que se avecina no es solo una elección de representantes; es una prueba de fuego para la resiliencia de las instituciones colombianas frente a la convergencia de la criminalidad organizada y la polarización política. La capacidad del Estado para garantizar una «paz electoral» determinará si el país logra avanzar hacia una consolidación democrática o si retrocede a épocas de exclusión violenta.