El sistema de salud colombiano atraviesa una de sus transformaciones más profundas desde la creación de la Ley 100. En una decisión que redefine el panorama del aseguramiento médico en el país, el Gobierno Nacional ha formalizado su intención de convertir a la Nueva EPS en una entidad de carácter netamente público. Esta maniobra no es solo un cambio de nombre o de junta directiva; representa una transición operativa que busca centralizar la atención de millones de ciudadanos bajo la tutela directa del Estado, en un intento por mitigar las crisis de liquidez y suministro que han golpeado a las entidades privadas en los últimos meses.
La redistribución de pacientes y el reto de la cobertura nacional
Uno de los pilares de esta estrategia es el traslado masivo de usuarios. Se estima que más de 2,6 millones de pacientes adicionales serán integrados a la red de la Nueva EPS, provenientes de otras entidades prestadoras de salud que enfrentan procesos de intervención o liquidación voluntaria. Este movimiento busca garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, quienes han sido los más afectados por la escasez de medicamentos y las demoras en las autorizaciones.
La logística detrás de este traslado es titánica. La Nueva EPS deberá absorber una carga prestacional sin precedentes en regiones donde la infraestructura hospitalaria es precaria. El Ministerio de Salud ha señalado que esta medida es una respuesta necesaria ante el «bloqueo» percibido en el modelo de aseguramiento tradicional. No obstante, el desafío reside en evitar que el crecimiento acelerado de la entidad pública genere un cuello de botella que termine por degradar la calidad del servicio.
Fortalecimiento del modelo preventivo y atención territorial
El enfoque del Ejecutivo no se limita a la gestión administrativa. Se ha puesto en marcha una política de territorialización de la salud, la cual obliga a las EPS a operar con criterios de cercanía geográfica. Bajo este nuevo esquema, se busca que los ciudadanos no tengan que desplazarse grandes distancias para recibir atención básica. El modelo preventivo se convierte en la bandera de la Nueva EPS, priorizando la detección temprana de patologías a través de equipos médicos territoriales que lleguen a los hogares más alejados.
Este cambio hacia lo público también busca sanear las cuentas del sector. Al eliminar la intermediación financiera excesiva y centralizar los recursos en una entidad de control estatal, el Gobierno argumenta que se podrá optimizar el flujo de caja hacia los hospitales públicos (ESE) y las clínicas privadas que prestan el servicio. Sin embargo, diversos analistas económicos advierten que la eficiencia del Estado como administrador será puesta a prueba, especialmente en un contexto donde la deuda acumulada del sistema sigue siendo un lastre considerable.
Impacto en el sector privado y la respuesta de los gremios
La transición hacia una salud predominantemente pública ha generado un intenso debate con los gremios de las EPS privadas. Mientras el Gobierno defiende la soberanía sanitaria, las entidades privadas sostienen que el modelo mixto es la única vía para sostener la innovación y la calidad. El anuncio de que los propietarios de las EPS podrían llegar a responder con su patrimonio por las deudas del sistema ha añadido una capa de tensión jurídica que promete escalar a las altas cortes.
A pesar de la polarización, hay puntos de luz en el sistema. Recientemente, varios hospitales colombianos fueron reconocidos en rankings internacionales por su excelencia clínica. Este contraste subraya la complejidad de la situación: Colombia cuenta con centros de salud de talla mundial, pero su modelo de financiamiento y acceso universal enfrenta una reestructuración que definirá el bienestar de las próximas generaciones. La Nueva EPS se erige así como el gran laboratorio social de esta administración, donde se decidirá si la gestión pública puede superar las deficiencias históricas del aseguramiento privado.