El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió autorización para utilizar un software israelí que permite irrumpir en los teléfonos celulares de inmigrantes que solicitan beneficios migratorios.

La noticia encendió las alarmas en California, donde organizaciones civiles advirtieron que se trata de una práctica intrusiva que puede violentar la privacidad y las libertades civiles.

El programa, llamado Graphite, puede acceder a mensajes encriptados, correos electrónicos, fotografías, documentos privados e incluso activar el micrófono del dispositivo a distancia.

La tecnología fue desarrollada en Israel y firmó contrato con el gobierno estadounidense en septiembre de 2024, aunque su uso se frenó temporalmente bajo la administración de Joe Biden debido a antecedentes en Italia, donde fue empleada para vigilar a periodistas y activistas.

Riesgos para inmigrantes y derechos civiles

Tras meses de revisión, ICE obtuvo el permiso para usarlo en solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo, TPS y otros amparos migratorios.

Esto significa que miles de inmigrantes podrían ver expuestos datos personales sensibles al entregar sus dispositivos durante los procesos administrativos.

Expertos en tecnología explicaron que el software necesita de cierta interacción del usuario para instalarse, como abrir un archivo adjunto o ingresar a enlaces sospechosos. Una vez dentro, el acceso es prácticamente ilimitado.

“Estamos hablando de control sobre micrófono, fotografías, documentos y datos altamente sensibles. Esto cambia el panorama de vigilancia en los procesos migratorios”, explicó el ingeniero Feli Michaca a Univision.

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¿Qué información está en riesgo? debate legal

Hasta ahora, ICE se apoyaba en redes sociales y plataformas digitales para investigar a los solicitantes.

Con Graphite, la agencia podrá entrar directamente en los dispositivos, lo que ha sido catalogado como un salto preocupante en materia de vigilancia.

Además, el hecho de que se trate de un software extranjero genera interrogantes sobre seguridad nacional.

Críticos cuestionan si entregar a una empresa privada y foránea el acceso a la información personal de miles de inmigrantes no representa un riesgo adicional para Estados Unidos.

Mientras la comunidad inmigrante en California muestra temor, las organizaciones de derechos civiles piden revisar la legalidad de esta medida y advierten que puede sentar un precedente peligroso en el trato hacia quienes buscan un estatus legal en el país.

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