Irán ha denunciado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la desestabilización política, promover la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país. Esta acusación se encuentra en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), publicada por la Misión Permanente de Irán ante la ONU en la plataforma X. La misiva es una respuesta a las declaraciones recientes de Trump, quien afirmó que enviaría asistencia económica a los opositores del régimen iraní y reiteró la posibilidad de un ataque militar contra Irán debido a la represión de las protestas civiles que han tenido lugar en las últimas semanas.
En la carta, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, argumenta que «Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, especialmente entre los jóvenes». Además, la carta fue enviada también al secretario general de la ONU, António Guterres, y responde a un mensaje en redes sociales publicado por Trump más temprano ese mismo día.
Teherán sostiene que el mensaje de Trump exacerba las tensiones y viola principios fundamentales del derecho internacional al alentar acciones que amenazan la estabilidad y la seguridad del país. En este contexto, las autoridades iraníes han reiterado su amenaza de atacar las bases estadounidenses en la región en caso de un ataque militar. «Irán atacará bases estadounidenses si es atacado», ha afirmado el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, según la agencia local Mehr. Este militar ha declarado que «todas las bases de Estados Unidos y las instalaciones militares de otros países que colaboren con EE.UU. en ataques contra Irán serán considerados objetivos legítimos». Además, advirtió que «la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos».
Las protestas en Irán, que comenzaron el 28 de septiembre, alcanzaron su punto más álgido el pasado jueves, con manifestaciones que se extendieron por todo el país. La organización Human Rights Activists (HRA) ha confirmado la muerte de al menos 1.850 personas, entre ellas nueve menores, y más de 16.700 detenciones en el contexto de las protestas.