El gobierno de Donald Trump llevó a cabo este martes un nuevo ataque en aguas del mar Caribe, dirigido a una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, resultando en la muerte de seis personas. Este ataque representa al menos el quinto de su tipo desde principios de septiembre, sumando un total de 27 víctimas mortales en estos operativos. Los detalles sobre el ataque son escasos, ya que las autoridades no han revelado las identidades o nacionalidades de los fallecidos ni la naturaleza exacta de la droga involucrada.

Trump, quien compartió un video del incidente, afirmó que el ataque ocurrió en aguas internacionales y que los servicios de inteligencia habían confirmado que la embarcación estaba involucrada en el tráfico de narcóticos y en redes narcoterroristas. En el video, se observa una pequeña embarcación aparentemente estacionaria que es impactada por un proyectil, provocando una explosión y dejándola ardiendo en el agua.

La frustración en el Congreso de EE.UU. ha crecido entre los miembros de ambos partidos políticos. Algunos republicanos exigen más claridad sobre la justificación legal para los ataques, mientras que los demócratas argumentan que estos podrían estar violando tanto el derecho estadounidense como el internacional. Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de intentar desestabilizar Venezuela y buscar un cambio de régimen, rechazando el reconocimiento de su gobierno.

El gobierno de Trump, por el contrario, no reconoce a Maduro y lo vincula con el narcotráfico, ofreciendo incluso una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. La serie de ataques de Estados Unidos en el Caribe comenzó el 2 de septiembre, cuando un primer ataque dejó 11 muertos, identificados por Trump como presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, aunque sin presentar pruebas concretas.

Desde entonces, han ocurrido varios ataques adicionales, con un saldo de tres, tres y cuatro muertos en sucesivos operativos. Tras el ataque reciente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado de Maduro, instó a los medios a desmentir las «mentiras» de EE.UU. y criticó la ofensiva, argumentando que favorece a los narcotraficantes.

Expertos han cuestionado la legalidad de las acciones militares de EE.UU. en la región, citando legislación que data de después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que el gobierno de Trump alega le otorgan el derecho a actuar en defensa propia. Sin embargo, expertos de la ONU han calificado las acciones como «ejecuciones extrajudiciales» y han subrayado que el derecho internacional no permite el uso de la fuerza fuera del territorio para combatir el narcotráfico o el terrorismo.

El Senado de EE.UU. recientemente votó sobre un asunto relacionado con los poderes de guerra, pero la resolución que habría limitado la capacidad del gobierno para llevar a cabo ataques sin autorización del Congreso no fue aprobada. A pesar de la falta de pruebas sólidas presentadas a los legisladores sobre la implicación de narcotráfico de las embarcaciones atacadas, el debate sobre la legalidad y la ética de estas operaciones sigue siendo intenso. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha afirmado que las acusaciones de narcotráfico son falsas y que la verdadera intención de EE.UU. es provocar un cambio de régimen en su país.