**América Latina**

La reciente decisión de Ecuador y Perú de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos ha generado una situación crítica para aquellos que buscan escapar de la crisis en su país. Esta medida, que efectivamente cierra la frontera para muchos, empujó a un grupo de alrededor de 400 venezolanos a cruzar a Ecuador de forma ilegal en protesta. La mayoría de ellos solo posee una cédula de identidad deteriorada, ya que obtener un pasaporte es prácticamente imposible.

En los últimos años, la migración de venezolanos hacia otros países de América Latina ha aumentado más del 900%. Perú, Ecuador y Colombia se han convertido en los principales destinos para más de 2.3 millones de venezolanos que han dejado su patria, según datos de la ONU.

Una jueza ecuatoriana suspendió temporalmente la exigencia de pasaporte, ofreciendo un respiro a los migrantes, pero la situación sigue siendo precaria. La mayoría de los venezolanos que cruzan la frontera han recorrido largas distancias a pie, enfrentando el cansancio y las dificultades del camino. Muchos de ellos intentan llegar a Perú antes del 25 de agosto, cuando este país implementaría una medida similar de exigencia de pasaporte.

El trayecto hacia Perú no solo implica largas caminatas, sino también el uso de camionetas «mulas» que ayudan a transportar a los migrantes en partes del camino. Durante su trayecto, los migrantes se enfrentan a una realidad dura, marcada por la hiperinflación y la escasez en su país de origen.

Un grupo diverso de migrantes, incluyendo jóvenes y adolescentes, se une en el camino, creando lo que ellos llaman «la nueva familia». Sin embargo, muchos enfrentan situaciones desgarradoras, como una madre que llora al llegar a la frontera justo después de que se impusiera la medida en Perú.

El gobierno ecuatoriano, en un intento por ayudar, organizó un «corredor humanitario» para trasladar a migrantes a la frontera con Perú, pero muchos no lograron cruzar debido a la falta de información y a la negativa de las autoridades peruanas. Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional han criticado estas medidas, argumentando que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y su exposición a riesgos como la violencia y la explotación.

A medida que los migrantes esperan en la frontera, dependen de la solidaridad de la sociedad civil, que les proporciona alimentos y asistencia. Sin embargo, la falta de apoyo institucional ha dejado a muchos en una situación de incertidumbre y desesperación.

Las nuevas restricciones han llevado a los migrantes a buscar rutas alternas, exponiéndose a mayores peligros. El futuro de estos migrantes sigue siendo incierto, mientras enfrentan no solo la falta de oportunidades, sino también la discriminación y la violencia en su camino hacia una vida mejor.