La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiana, Susana Muhamad, defendió la necesidad de que la Corte Constitucional ratifique el Acuerdo de Escazú después de que se conociera que Colombia fue el país más letal para defensores ambientales en 2022, cuando fueron 60 los líderes ambientales asesinados, una cifra realmente vergonzosa. «Lamentamos el asesinato de estos 60 defensores ambientales. Es una cifra realmente vergonzosa para el país y esperamos que podamos ir revirtiendo esta realidad con la implementación del Acuerdo de Escazú», aseguró Muhamad. También enfatizó la importancia de «entender que la biodiversidad y nuestra diversidad cultural es nuestra mayor riqueza; que protegerla, reconocerla y conocerla es lo que realmente nos hace próspera y es nuestro gran potencial». Los sectores con mayor riesgo para los defensores ambientales son la minería ilegal de oro y metales preciosos; el acaparamiento de tierras, actividades económicas ilegales de uso ilícitos y el narcotráfico, y la agroindustria, explica a EFE la directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF, Ximena Barrera. En este contexto, desde la organización ambiental defienden la necesidad de una política integral con una mayor vocación de cumplimiento que asuma la protección de las personas defensoras del ambiente como parte de una política criminal ambiental colombiana.
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