El congelamiento de la tarifa de los peajes y la imposibilidad de asignar recursos adicionales, entre otras razones, tienen al Gobierno apretando el bolsillo y priorizando algunos proyectos de infraestructura vial sobre otros. El efecto en cadena ya golpea a Antioquia, al que le dijeron que no hay plata para terminar tramos pendientes de la red 4G por un valor de entre $1,2 y $1,5 billones. El ministro de Transporte, William Camargo, no tuvo pelos en la lengua y dijo en el Congreso que actualmente existe una “limitación presupuestal” que “nos pone un ejercicio de priorización” y, en ese sentido, el Ejecutivo está evaluando cómo hacer para que todos los departamentos y proyectos puedan balancearse. Es así como puso de ejemplo que en el caso del paquete de proyectos de 4G, Antioquia concentra $33 billones de los $50 billones que han sido asignados, y en él entre tanto hay “otro paquete de obras que está pidiendo pista para poderse ejecutar” en departamentos como Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca o Nariño. Así mismo, el Gobierno tiene prioridades como el programa Vías del Samán, enfocado en cuatro proyectos de movilidad para Risaralda y el Valle; y la intervención de 33.000 kilómetros de vías terciarias en el país de la mano de juntas de acción comunal. En él entre tanto las alertas siguen y, de hecho, la Procuraduría habló a finales de julio de una posible desfinanciación de los proyectos de infraestructura vial en el país, tras la congelación en los reajustes de las tarifas de peajes. “Entre los riesgos detectados se encuentran el enorme déficit de aproximadamente $900.000 millones que se dejaron de percibir por concepto de recaudo de peajes en el año 2023”, aseguró la entidad, que advirtió sobre posibles demandas al Estado y ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura como posibles consecuencias.
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