El vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, y el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, anunciaron una articulación, a través de Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), para adelantar una acción conjunta y coordinada en el marco de una Auditoría de Cumplimiento a Bogotá D.C., vigencia 2022, actuación que involucra la vigilancia y control fiscal a más de $3,8 billones. Este ejercicio de control fiscal, se presentó desde el colegio Hipotecho Feliza Bursztyn de Bogotá, en presencia de la Secretaría de Educación y alcaldesa mayor (e), Edna Bonilla Sebá. La acción conjunta de las dos contralorías tiene como objeto aunar esfuerzos entre los órganos de control fiscal para validar el alcance, fortalecimiento y optimización de los recursos públicos asignados y ejecutados por el Distrito capital para el sector educativo. El objetivo de la evaluación es emitir concepto sobre la gestión fiscal de Bogotá en el manejo de los recursos del orden nacional y recursos propios del Distrito capital en el componente Educación (Programa de Alimentación Escolar – PAE e Infraestructura educativa), para la vigencia 2022. Adicionalmente se revisarán recursos asociados componentes de cultura, recreación y deporte. Se trata de una Auditoría de Cumplimiento Conjunta, actuación que involucra la vigilancia y control fiscal a más de $3,8 billones. En la actualidad, el Distrito cuenta con 406 instituciones educativas (745 sedes) y 765.102 estudiantes con matrícula oficial registrada en el Sistema Integrado de Matrícula, Simat. Durante la actividad, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, se refirió al tema y aseguró que “es importante destacar el volumen de recursos involucrados en esta importante acción conjunta, $3,8 billones que esperamos redunden en mayores beneficios e inversiones eficaces y eficientes para los estudiantes y el cuerpo docente del Distrito capital”.  Así mismo, el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, resaltó que “hemos iniciado un trabajo muy completo y articulado de control fiscal sobre los recursos para la educación en Bogotá, con todas las capacidades y la tecnología de las contralorías, para garantizar que nuestros estudiantes cuenten con todo lo que necesitan y que cuidemos hasta el último peso”.
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