El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien actualmente está ejerciendo funciones como contralor general, les envió una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para solicitar una adición presupuestal de 40 mil millones de pesos para los años 2024 y 2025. El funcionario explicó que actualmente existen 2.946 cargos en vacantes definitivas de Carrera Administrativa Especial de la Contraloría General (CGR) en los niveles de asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial. Por ello, se requiere la realización de un proceso de selección de personal por el sistema de concurso abierto de méritos, con el objetivo de cumplir la regla de provisión por vía meritoria. Dicho proceso iniciará en la vigencia 2024 y tendrá su culminación en la vigencia 2025. En ese sentido, Zuluaga recalcó que este tipo de procesos están regulados por preceptos constitucionales. Asimismo, explicó que la CGR tiene proyectado celebrar un convenio interadministrativo para adelantar este proceso con una universidad pública. Esta última institución efectuará los estudios y verificaciones que a su juicio sean necesarios para formular la propuesta, todo con base en su propia información, asumiendo todos los gastos, costos y riesgos que pueda implicar. “El Concurso Abierto de Méritos requiere para su ejecución tiempos específicos establecidos en el Decreto Ley 268 de 2000 y en la Resolución Reglamentaria No. 043 de 2006, es decir, demanda para su ejecución dos vigencias presupuestales (2024 y 2025)”, señaló el funcionario. El vicecontralor general indicó en la carta que para el desarrollo de cada una de las etapas y actividades del concurso se tiene presupuestado un total de 40 mil millones de pesos para ser ejecutados en un término de 20 meses. Estos empezarán a contar a partir de la firma del contrato en la vigencia 2024 y sin que se pase del 31 de diciembre de 2025. En esa línea, el funcionario del órgano de control precisó que el dinero se dividiría en dos: 20 mil millones para el 2024 y el mismo valor para la vigencia del 2025, por lo que les solicitó al presidente y al ministro una adición presupuestal por este valor, ya que estos costos no estaban proyectados.
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