La Contraloría General de la República declaró que la suspensión de la entrega de medicamentos no PBS (que están fuera del Plan de Beneficios en Salud) de Droguerías Cruz Verde a la EPS Sanitas es un asunto de «Impacto Nacional». El ente de control designó a un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para «tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema». Con la declaratoria de Impacto Nacional y el inicio de una investigación, la Contraloría espera «obtener resultados rápidos «para evitar un «posible detrimento en los recursos de la salud». El vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, enfatizó en que el órgano de control ha registrado información relacionada con el estado contable de las EPS para 2022 y que la Contraloría Delegada para la Salud «realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud», que se calculan en unos $240 billones. La Contraloría informó que en el último año ha tramitado 14 actuaciones relacionadas con la salud, de las cuales «se han proferido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal, por $274.202 millones y tres fallos con responsabilidad de primera instancia, por $389.619 millones». Las actuaciones mantienen como entidad afectada a la Adres respecto a varias EPS, como Saludcoop, Cafesalud, Medimás y algunas Cajas de Compensación Familiar, «por hechos relacionados con el inadecuado manejo de los gastos de administración o la superación del tope de los mismos, obras inconclusas, recobros, entre otros».

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