Seis congresistas de diferentes partidos y regiones protagonizan el más reciente escándalo por supuesta corrupción política. SEMANA accedió a los explosivos detalles del expediente que, según la Fiscalía, dejan en evidencia cómo se habría configurado una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Los implicados son los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto. En las últimas horas fue emitida una circular roja contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jacquier. También está involucrado el excandidato a la Cámara Julio César García.

Los seis senadores y sus cómplices formarían parte de una poderosa organización criminal dedicada a ‘cazar’ millonarios contratos entregados a dedo. En algunos casos, de manera indignante, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas. La sed de dinero era incalculable, según el material probatorio en poder de los investigadores. Se trata de un nuevo capítulo del expediente de corrupción conocido como ‘las Marionetas’, bautizado así en referencia al excongresista liberal Mario Alberto Castaño, fallecido en La Picota, quien durante años manejó a su antojo la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

Durante seis meses, un curtido grupo de investigadores de la Fiscalía se dedicó a la minuciosa tarea de recaudar pruebas documentales y testimoniales que demostrarían cómo estos congresistas y el excandidato se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social. En su gran mayoría, las obras están inconclusas, presentan sobrecostos y graves fallas estructurales. Todo está manchado por la más rampante corrupción.

SEMANA destapa cómo operó este presunto carrusel de contratación que se montó en el Congreso, en el cual cada congresista habría actuado por separado para sacar tajada de millonarios negocios con obras públicas. En este entramado aparece el nombre de García Jacquier, un administrador de empresas de 40 años, con una larga trayectoria política, quien en 2018 fue designado director encargado del DPS. En su despacho se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, algo que quedó en un segundo plano.

De acuerdo con la investigación, su oficina en el DPS era constantemente visitada por los senadores para “cuadrar” la entrega a dedo de los millonarios contratos. García Jacquier, según el expediente, daba el visto bueno y decía qué congresista tenía que ser el beneficiario. Así se habría creado una red que presuntamente se quedó con la contratación.

El modus operandi parece clonado del que puso en marcha en su momento Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.

La fiscal fue contundente al describir lo que encontró: “No se buscó satisfacer ese bienestar general, lo que se buscó fue satisfacer los intereses particulares de los respectivos senadores de la república”. La funcionaria pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra García Jacquier, cuyo paradero es un misterio. El exfuncionario mintió sobre su lugar de residencia, lo único que se sabe es que en junio pasado salió de Colombia y en Migración no hay registro de su regreso.

Así operaban

El expediente revela que un primer grupo de congresistas estaría vinculado directamente con Castaño. “El primer grupo de senadores es el de Mario Alberto Castaño, líder de esta organización delincuencial denominada ‘Marionetas’ y formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg (Partido Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Felipe Lemos (La U)”.

En el segundo grupo aparecen Ciro Ramírez (Centro Democrático), Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical). Según los investigadores, cada uno tenía a su “mano derecha” en las entidades en las que estaban interesados en mover la contratación. De esa manera, obtenían información privilegiada. La finalidad, explica la Fiscalía, no consistía solamente en obtener ingresos, sino aumentar el poder político en las regiones. Y es que el arsenal de pruebas deja ver cómo se “instrumentalizó” el DPS y se puso al servicio de los congresistas, argumentó la fiscal del caso.

“No se trata de un tema político, en absoluto, pese a que la concertación tiene un propósito político, porque independientemente de temas de partidos, obsérvese que lo que se reprocha es esa capacidad que tiene una persona como García Jacquier de enlaces y relacionamiento”, dijo la funcionaria en la audiencia.

Con la entrega en bandeja de plata de esos contratos, según la Fiscalía, García Jacquier quería engranar su maquinaria política de cara a una candidatura a la Gobernación del Tolima en 2023. Para eso, según la investigación, se rodeó de poderosos senadores y contratistas que, como contraprestación, podrían darle un empujón a sus aspiraciones electorales.

En hojas de cuaderno

Antes de ser director encargado de la entidad, García Jacquier fungió como subdirector de Programas y Protección del DPS. Eso le permitió, sin problema, según el expediente, direccionar los contratos en los cuales los senadores tenían puestos sus intereses.

“Se interesó en provecho propio de terceros, esto es, de los senadores Ciro Ramírez, Carlos Fernando Motoa, Miguel Ángel Barreto; así como el candidato a la Cámara de Representantes Julio César García y el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera, de manera indebida”, señaló la fiscal, con contundencia.

CON INFORMACION DE SEMANA.COM