El presidente Gustavo Petro reaccionó de manera contundente a las declaraciones de Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty, luego de una entrevista publicada en el diario El Tiempo. En esta, Riveros sugirió que podrían tomarse acciones legales si la justicia ordena una rectificación al presidente y él no cumple con dicha orden. Keralty, que posee la EPS Sanitas, actualmente bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, ha iniciado una serie de acciones legales contra Petro, incluyendo una demanda por 1.200 millones de dólares ante el CIADI.

“A mí no me amenaza un extranjero”, afirmó el presidente en su cuenta de X. “Utilizaré todos los recursos legales y del derecho internacional para asegurar que, en Colombia, los capitales extranjeros no pongan en riesgo la salud de los colombianos, la Patria y la integridad del presidente de la República”, enfatizó. En su mensaje, Petro también advirtió: “Aquellos que evaden nuestra legislación y violan la cláusula de no comerciar con regímenes genocidas enfrentarán nuestra respuesta legal. Prefiero morir que ser esclavizado o colonizado. No nos arrodillamos”.

En su entrevista, Riveros también se refirió a los comentarios del presidente sobre el empresario español Joseba Grajales, a quien Petro calificó anteriormente como «criminal y cómplice de delitos de lesa humanidad». Riveros mencionó que presentará una tutela para proteger los derechos de su cliente y amenazó con llevar el asunto a instancias internacionales. Sobre la posibilidad de una orden judicial de rectificación, dijo: “Si se ordena que el Presidente rectifique y este no lo hace, evaluaremos nuestros próximos pasos”. Petro no dudó en responder a esta declaración, reafirmando su compromiso de no permitir que intereses privados extranjeros afecten la soberanía del Estado colombiano.

Este conflicto se da en el marco de la reforma al sistema de salud que el Gobierno ha promovido, con el objetivo de fortalecer la red pública y tomar medidas contra EPS que han sido señaladas por irregularidades financieras y fallas en la atención. En el caso de Sanitas, la Superintendencia de Salud ha documentado graves incumplimientos, como la falta de pagos a prestadores y la desviación de recursos.

El presidente ha reiterado que su administración no permitirá que los fondos públicos destinados a la salud se utilicen para otros fines que no sean el bienestar de los pacientes. La intervención en Sanitas busca, según el mandatario, proteger la vida y la salud de millones de usuarios.

Durante su discurso del 15 de julio, Petro acusó a Grajales de ser cómplice de delitos de lesa humanidad y señaló que Keralty ha financiado partidos políticos para obstaculizar la reforma. Riveros reconoció aportaciones por 145 millones de pesos a varias colectividades en las elecciones de 2022, incluyendo Cambio Radical y el Partido Liberal, defendiendo que fueron donaciones legales para fortalecer la democracia.

La postura del Gobierno hacia Keralty se basa en la premisa de que la salud es un derecho fundamental y no un negocio. La intervención de Sanitas y el impulso a la reforma han generado reacciones en los sectores empresariales que han manejado por años los recursos públicos del sistema. Según el presidente, la defensa del Estado se fundamenta en principios de legalidad, soberanía y justicia social.

A pesar de que Keralty ha manifestado su intención de permanecer en el país y confiar en las instituciones colombianas, su ofensiva legal ha sido percibida como una forma de presión sobre el Gobierno. Petro ha insistido en que todas las acciones del Estado son legítimas, conforme a la ley, y están orientadas a garantizar el derecho a la salud.

Con esta nueva declaración, Gustavo Petro refuerza su posición ante los actores privados que, según sus denuncias, han impedido el acceso a la salud de millones de personas a través de un modelo de intermediación financiera. La confrontación entre el Gobierno y Keralty continuará en el ámbito jurídico, mientras la administración mantiene su firme compromiso con una reforma que asegure atención universal, pública y digna.