En la prisión de Izalco, situada a 70 kilómetros de San Salvador, se encuentra recluida la abogada y activista de derechos humanos Ruth López, quien fue trasladada allí según denuncia la ONG Cristosal. Este traslado, realizado el 5 de julio de 2025, ha sido calificado como «arbitrario», y Ruth, que es jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal y considerada «presa de conciencia» por Amnistía Internacional, se encuentra en condiciones de reclusión severas a pesar de presentar problemas de salud.

López, de 47 años, fue detenida el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito, un caso que organismos internacionales creen que forma parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las voces disidentes y las organizaciones de derechos humanos. Su traslado se llevó a cabo desde la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador, a la prisión de Izalco, que cuenta con una sección específica para mujeres.

Cristosal ha expresado en un comunicado su preocupación por el traslado de López y su incomunicación con familiares y su equipo legal, lo que ha generado incertidumbre sobre su estado actual. Este movimiento se realizó a pesar de una orden judicial que instruía mantenerla en la delegación por razones de salud, y se lamenta que su familia no ha podido entregarle los medicamentos que necesita.

López ha sido crítica de la política de seguridad del presidente Bukele y estaba investigando supuestos casos de corrupción gubernamental, además de brindar apoyo a familiares de venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. Expertos de la ONU han solicitado protección para la abogada, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que está tramitando medidas cautelares. Junto a López, en mayo también fueron detenidos un abogado ambientalista, un líder comunitario y un abogado constitucionalista que ha criticado fuertemente a Bukele, incluso llamándolo «dictador».