MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) – Al menos 30 personas han sido detenidas en las últimas horas en Turquía, incluyendo un exdiputado y varios alcaldes del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Esta acción forma parte de una nueva macrorredada «anticorrupción» en varias ciudades del país, lideradas por Estambul, que los críticos denuncian como un acto de persecución política.
Entre los detenidos se encuentra el exlegislador del CHP Aykut Erdogdu, así como tres alcaldes de distrito de Estambul y otros dos de la provincia de Adana. Los alcaldes arrestados son Hakan Bahçetepe de Gaziosmanpasa, Utku Caner Çaykara de Avcilar, Kadir Aydar de Ceyhan, Oya Tekin de Seyhan y Hasan Akgün de Büyükçekmece, según reporta la agencia oficial de noticias turca Anadolu.
La investigación está siendo conducida por la Fiscalía General de Estambul y se enfoca en la presunta corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Estambul, donde se investigan posibles actividades de crimen organizado e irregularidades en diversos departamentos del distrito. La Fiscalía ha indicado que un total de 47 sospechosos han sido objeto de órdenes de búsqueda, incautación y detención en el marco de cuatro expedientes de investigación diferentes.
En marzo, varios altos funcionarios cercanos al candidato presidencial de la oposición y exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fueron encarcelados. Imamoglu, quien fue suspendido de su cargo, enfrenta múltiples cargos, incluyendo soborno, fraude, manipulación de licitaciones y presuntos vínculos con el terrorismo, acusaciones que él niega rotundamente.
Imamoglu es considerado el rival más fuerte del presidente Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones locales de 2024, el CHP logró el control de importantes ciudades, incluidas Estambul y Ankara, lo que representó un duro revés para el partido gobernante de Erdogan, el AKP.
La reciente ola de arrestos ha intensificado las tensiones políticas, y la oposición, así como grupos de derechos humanos, acusan al gobierno de utilizar el poder judicial para obtener beneficios políticos. Opositores como el partido prokurdo Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM) han condenado también la operación, señalando que «los intentos de resolver disputas políticas a través del poder judicial y estas prácticas dirigidas a representantes electos son inaceptables».