Evo Morales, el exmandatario de Bolivia. (Archivo) Imagen: Patricia Pinto/REUTERS. El gobierno de Luis Arce anunció el miércoles (04.06.2025) que procederá con una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por siete delitos, entre ellos la obstaculización de procesos electorales, en medio de las manifestaciones y amenazas de sus seguidores que buscan forzar su candidatura en las elecciones generales de agosto en Bolivia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, César Siles, durante una conferencia de prensa en La Paz, acompañado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos. Esto ocurre en el tercer día de bloqueos de carreteras organizados por grupos leales a Morales (2006-2019), especialmente en el centro del país.

Siles afirmó que con las protestas, Morales solo busca «habilitar una candidatura que no está constitucionalmente permitida», motivo por el cual será denunciado por el delito de «obstaculización de procesos electorales». Recordó que la Ley del Régimen Electoral establece penas de dos a cinco años de cárcel para quienes «promuevan desórdenes o impidan la realización de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato».

Además, Morales también enfrentará acusaciones de «terrorismo». Según Siles, el gobierno demandará al exmandatario por terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones y atentados contra la seguridad de los medios de transporte y los servicios públicos.

Los ministros también expresaron su preocupación por un audio difundido recientemente por un dirigente sindical afín a Morales, en el que supuestamente el exgobernante señala que el actual conflicto es «la batalla final» y ordena a sus seguidores realizar un «cerco» a La Paz mediante bloqueos.

El ministro de Justicia aseguró que el Ejecutivo «garantizará la realización de las elecciones generales del 17 de agosto» con recursos económicos «suficientes» y, si es necesario, también «con el uso de la fuerza pública para restablecer el orden jurídico». Además, mencionó que las autoridades solicitarán a la Fiscalía «una actuación inmediata y contundente» en relación con la denuncia prevista para este jueves, así como con otras demandas existentes contra Morales.

Ríos acusó a Morales de intentar «tumbar al Gobierno elegido democráticamente» y de anular los comicios para «lograr que otro proceso electoral lo habilite», ya que «sabe que no puede ser candidato» nuevamente. Tras la difusión del audio atribuido a él, Morales comentó en la red social X que «el pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia» y acusó al Gobierno de crear «falsos testigos» y «montar casos» en su contra.

Los seguidores de Morales iniciaron el lunes bloqueos de carreteras en Cochabamba, una región central que es bastión sindical y político del exmandatario, exigiendo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepte la inscripción de su candidatura con un partido que no está habilitado, además de pedir la renuncia de Arce. Morales, quien gobernó Bolivia en tres períodos, insiste en su intención de ser candidato, a pesar de que el Tribunal Constitucional recientemente ratificó que la reelección en el país está permitida «una única vez de forma continua», sin opción a un tercer mandato.