El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una crisis tras una serie de denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales en los teléfonos móviles de los jueces del Tribunal Constitucional.
El presidente colombiano ha insistido desde que se hizo pública la denuncia de los magistrados en que a los organismos de inteligencia del Estado se les ha ordenado desde el primer día de su mandato «no interferir en las comunicaciones de los tribunales, de los miembros de la prensa y de la oposición».
«Soy demócrata, el gobierno no intercepta las comunicaciones (…) WhatsApp llega a los magistrados y ellos confían en la red WhatsApp». Crees en noticias falsas. Intentan debilitar al Gobierno, alterando sus relaciones internas y sus relaciones con otras autoridades, p noticias falsas«, dijo el presidente el martes en un evento para promover a los generales de policía.
Además, la oficina de prensa del presidente reiteró que no existía orden de intervención contra los magistrados y anunció que iniciarían investigaciones para esclarecer los hechos.
Cómo empezó el caso de presuntas escuchas telefónicas
Todo comenzó el sábado, cuando el árbitro Jorge Ibáñez informó que su teléfono se trababa de manera irregular.
«Me tomo la libertad de informarle que este teléfono y este chat han sido interceptados ilegalmente por los organismos de inteligencia del estado», dijo Ibáñez en una carta dirigida a la Fiscalía y publicada por revista semana.
La denuncia del juez dio lugar a una reunión de magistrados del alto tribunal con fiscales, donde plantearon la supuesta interceptación de sus teléfonos a la fiscalía colombiana, que anunció una investigación sobre los presuntos casos de espionaje.
Asimismo, a la apelación del juez Ibáñez, el martes se sumó a la fiscalía el pedido de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el tribunal de paz que surgió del acuerdo de paz de 2016, para investigar el espionaje por el cual sus magistrados.
“La Jurisdicción Especial de Paz informa que ha solicitado a la fiscalía y a las autoridades competentes investigar las presuntas escuchas ilegales que se han realizado en contra de las oficinas de los magistrados de esta institución”, escribió la JEP en su cuenta.
¿Qué ha cambiado desde el sábado?
El juez Jorge Ibáñez confirmó en conferencia de prensa este miércoles que fue llamado por la Fiscalía para ampliar las supuestas interferencias en sus teléfonos como parte del proceso de investigación iniciado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo.
«Ya acudí a la Fiscalía, así como a algunos magistrados auxiliares de mi despacho, para ampliar la información contenida en esta carta, a través de la cual se han revelado hechos que llamé irregulares», dijo el magistrado a los medios, agregando que no era considerada una «víctima» y que no había «presentado» una denuncia formal por estos hechos.
Por su parte, Carlos Ramón González, encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y una de las personas más cercanas al presidente colombiano, destacó tras una reunión este miércoles en el Palacio de Justicia con el presidente de la Corte Suprema, Gerson. Chavera, que «no existen pruebas concretas» sobre las supuestas interceptaciones de comunicaciones de las que fueron víctimas los magistrados.
“No hay una denuncia específica, sólo el juez Ibáñez puso sobre la mesa información que la Fiscalía ya está investigando. Con todos los presidentes de las altas cortes y de la fiscalía llegamos a la elaboración de un documento de trabajo para que efectivamente, a raíz de todos estos escándalos, haya un control eficiente de toda la inteligencia que se realiza en este país. «, dijo González. , quien además aseguró que «Las instituciones del gobierno, del Estado colombiano, no están utilizadas para perseguir a los ciudadanos».
Espionaje ilegal en Colombia
El nuevo escándalo que ha envuelto al gobierno colombiano ha reavivado nuevamente las intervenciones ilegales que en el pasado también han sido víctima de magistrados, periodistas y políticos, incluido el propio presidente Petro.
Durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), estalló el escándalo con el seguimiento ilegal a las comunicaciones de varios opositores por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en un caso conocido como «chuzadas».
Varios funcionarios del gobierno fueron condenados por este escándalo de espionaje, entre ellos María del Pilar Hurtado, ex jefa del desaparecido DAS, y Bernardo Moreno, ex secretario de la presidencia colombiana.
Finalmente, el antecesor y rival político del presidente Gustavo Petro, el expresidente Iván Duque (2018-2022), también se vio afectado por el escándalo de escuchas ilegales a opositores y periodistas, que terminó con la salida de su comandante del ejército, general Nicasio Martínez.