Autoridades chilenas viajan a Costa Rica por caso de asesinato de disidente venezolano

La vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente, viajó el domingo a Costa Rica para reunirse con las autoridades de ese país y acelerar la extradición de uno de los sospechosos del crimen. el asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, crimen que ha desatado tensiones entre las dos naciones sudamericanas.

De la Fuente viajó a Costa Rica «para formalizar el pedido de extradición de Mikel Villegas, persona acusada en nuestro país del secuestro y asesinato del teniente Ojeda», dijo el subsecretario en un video a la prensa poco antes de partir.

El venezolano Villegas Rodríguez fue identificado por la fiscalía chilena como uno de los autores materiales del asesinato de Ojeda. El 21 de febrero, cuatro personas secuestraron al refugiado venezolano en su casa, crimen captado por las cámaras de seguridad del edificio.

Después de una intensa búsqueda policial, el cuerpo de Ojeda fue encontrado 10 días después en una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un barrio pobre. Fiscales chilenos confirman que varios integrantes del grupo criminal Tren de Aragua ejecutaron el crimen organizado por Venezuela.

De La Fuente indicó que es importante que el proceso de extradición desde Costa Rica se complete lo más pronto posible, «y por eso no sólo haremos esta solicitud formalmente, sino que también nos reuniremos con una serie de autoridades, para explicarles cómo «Es importante para nuestro país poder esclarecer los hechos».

El caso de Ojeda conmocionó al país y dejó una fuerte sensación de impunidad. Hasta el momento, sólo una persona, un adolescente de 17 años, ha sido arrestada como cómplice del secuestro. Otros dos sospechosos ya han sido identificados, entre ellos Villegas, quien logró huir del país.

Además de Villegas, también existe orden de captura internacional contra Walter de Jesús Rodríguez Pérez, venezolano integrante del Tren de Aragua quien fue identificado como el presunto líder del secuestro.

Chile pidió ayuda oficial a Venezuela para extraditar a los sospechosos para que pudieran ser juzgados en el país, pero Caracas, que inicialmente mostró cierta voluntad de cooperar, cuestionó la investigación de los fiscales y las autoridades chilenas.

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