**MADRID, 25 de mayo. (EUROPA PRESS)** – El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha informado sobre la extradición de Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’, un líder del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital. Este proceso se realizó sin seguir el procedimiento legal establecido.
Almeida fue entregado a la Policía Federal de Brasil el 18 de mayo, un día después de su arresto por parte de las autoridades bolivianas. La entrega se llevó a cabo de manera exprés, sin el conocimiento ni la autorización de la Fiscalía, a pesar de que el detenido enfrentaba cargos pendientes en Bolivia por uso de documentación falsa y delitos relacionados con el narcotráfico, tal como reporta el diario boliviano ‘El País’.
Eduardo Del Castillo, quien era el ministro de Gobierno en ese momento, destacó que la operación representaba un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y evidenciaba la coordinación entre las fuerzas del orden de la región, justo antes de dejar su cargo para postularse a la presidencia.
Mariaca ha aclarado que Almeida ya estaba en proceso judicial en Bolivia y tenía una audiencia de medidas cautelares programada para el 19 de mayo. Por este motivo, ha indicado que se abrirán investigaciones para determinar responsabilidades y ha enfatizado la obligación de la Policía de coordinar sus acciones con el Ministerio Público. Asimismo, ha manifestado que el procedimiento de extradición no se llevó a cabo conforme a la ley: «Tras realizar la imputación formal el domingo por la mañana, debía realizarse la audiencia cautelar», ha subrayado.
El fiscal general ha expresado su preocupación, afirmando que «sin notificación previa, sin orden judicial y estando el imputado bajo proceso, se ha dispuesto su traslado a otro país».
Por su parte, fuentes de Interpol y de la Policía boliviana han indicado que el 18 de mayo se llevó a cabo una «expulsión» por razones migratorias, un procedimiento administrativo que generalmente implica escoltar al extranjero hasta la frontera. Sin embargo, este mecanismo no debió aplicarse en el caso de Almeida, quien contaba con una imputación formal vigente y debía ser presentado ante un juez.
El nuevo ministro de Gobierno, Roberto Ríos, no ha respondido a las inquietudes planteadas por el fiscal general ni ha ofrecido explicaciones sobre la cercanía de ciertos oficiales policiales con el sospechoso. Posteriormente, un mayor de la Policía fue detenido bajo acusaciones de haber proporcionado protección a Almeida. Fuentes de la investigación sugieren que detrás de los agentes implicados podría existir una red con conexiones al poder político.