Bukele promulga reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delincuentes desde los 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promulgado reformas constitucionales que permiten imponer penas de cadena perpetua a menores de hasta 12 años, una medida polémica que se suma a su enfoque de mano dura contra la delincuencia. Esta modificación fue firmada el miércoles y se aplicará a quienes sean condenados por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, aprobó estas reformas el mes pasado, eliminando la prohibición de «penas perpetuas» que existía previamente. Con 59 de los 60 diputados a favor, se establece que los nuevos tribunales penales juzgarán estos casos, y se implementará una revisión obligatoria de las condenas después de varios años de cumplimiento, dependiendo de la edad y la gravedad del delito.

Críticos de la medida indican que este es solo otro paso en la escalada de acciones drásticas por parte de Bukele en su lucha contra las pandillas, que se intensificó tras un aumento de la violencia en 2022. Desde entonces, se ha instaurado un estado de emergencia que se ha vuelto permanente, suspendiendo derechos constitucionales y resultando en la detención de más del 1% de la población del país, a menudo sin pruebas concretas.

Los juicios masivos han sido una característica de esta campaña, con condenas que a veces alcanzan cientos de años para los supuestos pandilleros. El gobierno afirma que estos detenidos «nunca volverán» a las calles, aunque esto ha suscitado graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Bukele, quien ha recibido apoyo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido criticado por debilitar las instituciones democráticas en El Salvador. Las reformas recientes son parte de un patrón más amplio que incluye la eliminación de límites a su mandato presidencial, lo que podría permitirle mantenerse en el poder indefinidamente.

Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias y han presentado denuncias ante organismos internacionales, aunque el presidente niega tales acusaciones. La combinación de estas políticas ha llevado a una drástica disminución en las tasas de homicidios en un país que ha sufrido por la violencia de las pandillas, lo que ha elevado la popularidad de Bukele entre algunos sectores de la población.

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