Por primera vez en la historia, la justicia chilena ha logrado probar la existencia de una extensa red de adopciones ilegales que involucró a más de 20,000 niños chilenos durante la dictadura militar (1973-1990). Esta revelación se produjo en un fallo sin precedentes, donde cinco individuos fueron procesados por la sustracción ilegal de menores, según informaron fuentes oficiales el lunes (02.06.2025).

El juez Alejandro Aguilar Brevis, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó prisión preventiva para estas cinco personas, acusadas de «asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de San Fernando, quienes fueron entregados a matrimonios extranjeros». En el comunicado del Poder Judicial se detalla que el magistrado logró demostrar que, en la década de los ochenta, existía en San Fernando una red compuesta por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza, que se encargaban de detectar y entregar en adopción a menores de madres de escasos recursos, a cambio de pagos que podían alcanzar los 50,000 dólares.

La figura central de esta supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, quien en aquel momento era la jueza del Juzgado de Menores de San Fernando y actualmente reside en Israel. El juez Brevis ha solicitado a la Corte Suprema la extradición de Gutiérrez, amparándose en el Convenio Europeo de Extradición, que incluye a Israel y ha comenzado a estar en vigor.

Se estima que alrededor de 20,000 menores chilenos fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras durante el régimen, de los cuales solo 1,000 han logrado reencontrarse con sus familias, según cifras del Poder Judicial. La salida de estos menores se realizaba a través de la entrega de la tutela a un tercero para que pudieran viajar y ser adoptados según las leyes del país receptor, o mediante la inscripción en el Registro Civil de un certificado de defunción falso, permitiendo a los padres adoptivos registrarlos como propios en otro país.

Las primeras denuncias sobre estas prácticas comenzaron a surgir en 2014, pero fue en 2018 cuando la justicia chilena inició una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura. Cuatro años después, el gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó un plan piloto para localizar a las víctimas de adopciones ilegales y esclarecer las irregularidades cometidas durante el régimen de Pinochet.