**Entrada a Colonia Dignidad en la década de 1980**
*Imagen: Marcelo Hernandez/dpa/picture alliance*
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, hizo hincapié en Santiago de Chile sobre el hecho de que el Estado chileno aún no ha asumido adecuadamente su responsabilidad hacia las víctimas. Esto ocurrió durante la presentación del Informe de la Misión de Observación en la antigua Colonia Dignidad, ahora conocida como Villa Baviera. Según el INDH, las atrocidades cometidas en este asentamiento constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El informe señala que «raramente se ha visto en la historia del país un caso con tantas y tan variadas denuncias a lo largo de un periodo tan extenso, involucrando la vulneración de casi todos los derechos humanos». Ante esta grave situación, se destaca que «el Estado no actuó de manera inmediata ni efectiva». Además, aunque se han tomado diversas medidas, aún no se ha realizado un reconocimiento oficial del estatus de víctimas de violaciones de derechos humanos en este enclave.
**Historia de Colonia Dignidad**
Fundada en 1961 por el predicador laico Paul Schäfer, quien huyó de Alemania por acusaciones de abuso sexual, Colonia Dignidad se convirtió en un lugar donde el trabajo forzoso, la violencia y el abuso sexual eran comunes. Durante la dictadura militar en Chile, entre 1973 y 1990, el sitio funcionó como un centro clandestino de tortura. El informe recuerda que los abusos perpetrados por Schäfer «continuaron hasta su fuga en 1997». A 35 años del regreso a la democracia, se constata que las medidas políticas y administrativas no han estado orientadas al reconocimiento de las afectaciones sufridas por las personas cuyas vidas fueron impactadas por la jerarquía y algunos miembros de Colonia Dignidad.
**Recomendaciones al Estado**
Con este informe, el INDH se posiciona como pionero en denunciar y clasificar las atrocidades como delitos. El documento, que cuenta con 206 páginas y fue aprobado por unanimidad por el consejo del INDH, sugiere al Estado la creación de una comisión que investigue las vulneraciones en el enclave desde su fundación. Entre otras recomendaciones, el informe insta a «buscar mecanismos que garanticen el acceso a la información relacionada con violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que actualmente están restringidos por la cláusula de secreto de la ley 19.992». Esta ley, de diciembre de 2004, impone el secreto sobre documentos, testimonios y datos proporcionados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, según aclara la página web del INDH.
*Fuente: rml (dlf, indh.cl)*