La Ley de Agentes Extranjeros es una propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (Imagen de archivo, 14.04.2025) Imagen: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes (06.06.2027) al gobierno salvadoreño a derogar la reciente Ley de Agentes Extranjeros, argumentando que podría afectar la «sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación» que «defienden los derechos humanos».

El Congreso de El Salvador aprobó esta ley el 20 de mayo, la cual impone un impuesto del 30% sobre las donaciones internacionales, ya sean destinadas a individuos o a entidades jurídicas. «La CIDH expresa su preocupación por esta tributación, que puede poner en riesgo la viabilidad financiera de las organizaciones y los medios de comunicación alternativos o comunitarios que dependen de la cooperación internacional para su funcionamiento», señaló el organismo en un comunicado.

Además, la Comisión advirtió que la ley presenta «discrecionalidad» y «ambigüedad» en cuanto a «las actividades que no pueden ser financiadas con recursos extranjeros». En 2021, la CIDH y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión habían instado al Estado de El Salvador a no aprobar una normativa de estas características, por lo que reiteraron su llamado a derogar la ley.

Preocupación por «detenciones recientes»

El organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también expresó su inquietud por las «detenciones recientes de defensores de derechos humanos». La CIDH se refirió a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

Asimismo, la Comisión denunció la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala. «Organizaciones de la sociedad civil han cuestionado que las causas penales puedan ser una forma de represalia por su trabajo con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», afirmó la CIDH.

El comunicado también subrayó que «ante las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal para intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de los derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica». mg (efe, La Prensa Gráfica)