Lejos de desaparecer, el mercado de los vapeadores se ha trasladado a la clandestinidad, lo que conlleva consecuencias inciertas para la seguridad y la salud pública. La prohibición total del comercio de estos dispositivos en México ha tenido un efecto contrario al esperado por las autoridades, fortaleciendo el mercado negro controlado por el crimen organizado. Antes de que la nueva ley entrara en vigor, cárteles comenzaron a hacerse con el control del sector a través de amenazas y extorsiones a comerciantes.

En el norte del país, a principios de 2022, trabajadores de una tienda de vapeadores fueron secuestrados por horas como un mensaje claro para los propietarios: el negocio ahora pertenecía al cártel. Un afectado, quien ahora vive en Estados Unidos por motivos de seguridad, relató a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que los cárteles no preguntan si deseas o no involucrarte.

El mercado de los vapeadores, valorado en aproximadamente 1,500 millones de dólares anuales, creció durante años en un entorno de vacíos legales. Sin embargo, expertos advierten que la prohibición total, que no incluye el consumo, entrega el control a grupos criminales. Zara Snapp, directora del Instituto Ría, indicó que al prohibir, se está regalando el mercado a organizaciones no estatales, y la poca visibilidad del vapeo ante las autoridades estadounidenses lo convierte en un medio atractivo para financiar otras actividades ilícitas.

Durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se prohibió la importación y comercialización de vapeadores. Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional esta medida, el Ejecutivo impulsó una reforma constitucional que se concretó en enero de 2025 bajo la administración de Claudia Sheinbaum, que equipara los vapeadores al fentanilo. La nueva ley establece penas de hasta ocho años de prisión, lo que ha llevado al cierre inmediato de negocios legales. Comerciantes informan sobre el miedo a extorsiones y a que las autoridades «planten» productos para justificar detenciones, dado que la norma no define límites claros para la posesión personal.

Con la desaparición de los negocios legales, cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa han comenzado a operar como proveedores, reempaquetando vapeadores importados para su distribución. Los dispositivos desechables son los más populares debido a su bajo costo y alta demanda. Abogados y organizaciones civiles advierten que, sin regulación ni control sanitario, el contenido de estos dispositivos puede ser adulterado, aumentando los riesgos para la salud de los consumidores.

Aunque el gobierno defiende la prohibición como una medida para proteger a la juventud, expertos y comerciantes alertan que el vapeo ahora está en manos de quienes también trafican drogas. El mercado no ha desaparecido, sino que se ha trasladado a la clandestinidad, con consecuencias impredecibles para la seguridad y la salud pública.