Juraj Cintula, un jubilado de Eslovaquia de 72 años, ha sido sentenciado este martes a 21 años de prisión incondicional por abrir fuego a quemarropa cinco veces contra el primer ministro Robert Fico el 15 de mayo de 2024. Este ataque, que tuvo lugar justo antes de las elecciones europeas, generó una gran conmoción en el país y dejó al mandatario gravemente herido. La sentencia fue emitida por el Tribunal Especializado de Banská Bystrica, que calificó el ataque como un «delito particularmente grave de atentado terrorista contra una persona protegida». Aunque la fiscalía, que había solicitado cadena perpetua, ha decidido no apelar la sentencia, esta aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Cintula fue detenido inmediatamente después de disparar contra Fico en Handlová, donde el primer ministro participaba en un evento público. Las balas le impactaron en el abdomen y el brazo, llevándolo al borde de la muerte. Tras someterse a dos operaciones de urgencia, Fico logró sobrevivir, pero estuvo hospitalizado durante semanas y tardó más de dos meses en volver a sus funciones.

En un principio, el agresor enfrentó cargos de «intento de asesinato premeditado», pero en julio de 2024, la Fiscalía elevó los cargos a terrorismo, argumentando que el ataque tenía motivaciones políticas. El tribunal aceptó esta calificación, indicando que Cintula intentaba «interferir en el funcionamiento del Estado» y «castigar a un representante elegido democráticamente». Sin embargo, el juez decidió no imponer la cadena perpetua, considerando la avanzada edad y la delicada salud del acusado, así como su historial de conducta intachable antes del ataque. Como resultado, se optó por la pena más baja dentro de los delitos de terrorismo.

La defensa de Cintula ha manifestado que se tomará tiempo para decidir si apelará la sentencia. Insisten en que su cliente «no tenía intención de matar» a Fico, sino de «detener su política y llamar la atención sobre el rumbo del país». Antes del juicio, el abogado del agresor había propuesto un acuerdo extrajudicial que implicaba una pena de diez años de prisión, propuesta que fue rechazada por la fiscalía.

Este veredicto, que aún no ha sido oficialmente publicado, representa un cierre parcial a uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente de Eslovaquia. El atentado contra Fico ha provocado un cambio significativo en el debate sobre el discurso de odio en el país, con el primer ministro incluso acusando a su agresor de ser un activista al servicio de la oposición.