Bogotá.– Lo que empezó como una discusión política sobre las credenciales de una congresista tiene ahora un componente judicial. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, certificó que no existe ningún registro que acredite a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.
La certificación se apoya en una revisión de los archivos físicos y digitales de la facultad. Según la institución, esa búsqueda no arrojó rastro alguno de la graduación. Además, la copia del registro de diploma que se ha presentado, sostiene la universidad, no fue expedida por ella ni por esa sede.
Con ese resultado en mano, el plantel anunció que remitirá el caso a la autoridad jurisdiccional competente por una presunta falsedad en documento público. El anuncio no equivale a una acusación ni a una condena: marca el inicio de una eventual investigación en la que habrá que establecer qué ocurrió con el documento y quién respondió por él. En el recuento disponible no consta la versión de la congresista sobre el asunto.
Qué delito está en juego
La pregunta jurídica de fondo es qué figura penal se aplicaría si se comprobara que un servidor público presentó un diploma falsificado. El Código Penal colombiano, en su Título IX, reúne las conductas de falsedad documental, pública y privada. Dado que el título en cuestión provendría de una universidad pública, el documento se considera público.
Cuando alguien utiliza un documento falso sin haber participado en su elaboración, la norma aplicable es el artículo 291, que sanciona el uso de documento público falso. El texto penaliza a quien, sin haber concurrido a la falsificación, haga uso de un documento de esa naturaleza que pueda servir de prueba. La pena es de cuatro a doce años de prisión. Originalmente el mínimo era menor, pero la Ley 1142 de 2007 lo elevó.
Esa distinción es clave. Quien fabrica o altera el documento incurre en una conducta distinta de quien simplemente lo presenta o lo emplea. En el caso del uso, no es necesario demostrar que la persona haya intervenido en la falsificación material, sino que se valió del papel falso a sabiendas de que podía servir como prueba.
Cuando el documento sirve para obtener otro
El panorama se complica si el diploma se utilizó para lograr algo más. Si se acreditara que la congresista indujo en error a un servidor público para conseguir un documento público que pudiera servir de prueba, como la expedición de una tarjeta profesional por parte del COPNIA, entraría en escena el artículo 288, que regula la obtención de documento público falso. Su pena va de tres a seis años de prisión.
Existe además una tercera vía. Si el documento falso se empleó en el trámite de esa tarjeta profesional, podría configurarse el delito de fraude procesal. El Código lo describe como el caso de quien, por cualquier medio fraudulento, induce en error a un servidor público para obtener una sentencia, una resolución o un acto administrativo contrario a la ley. La sanción prevista es de seis a doce años de prisión, la más severa de las tres hipótesis.
Un proceso que apenas comienza
Por ahora, nada de lo anterior está probado. Las figuras penales descritas son escenarios que dependerán de lo que establezcan las autoridades: si el documento fue realmente falsificado, quién lo hizo, quién lo usó y con qué propósito. La certificación de la universidad es un elemento relevante, pero el proceso judicial exige pruebas, contradicción y decisiones de quienes tengan la competencia para investigar.
Lo cierto es que el episodio traslada el debate sobre la formación académica de una representante a un terreno donde las consecuencias pueden ser penales. En el caso de los servidores públicos, el requisito de transparencia sobre sus credenciales tiene un peso adicional, pues de ellas pueden depender trámites, cargos y la confianza ciudadana. Los próximos pasos dependerán de la denuncia que presente la Universidad Nacional y de la respuesta de la autoridad que reciba el caso.
