Durante la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar el martes 27 de mayo de 2025, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, denunció que algunos congresistas estarían supuestamente apropiándose de terrenos baldíos en diversas regiones del país. «Hemos realizado un análisis exhaustivo sobre los congresistas que, presuntamente, están acaparando tierras en Colombia», declaró Harman durante su intervención. Esta acusación se presenta en el contexto del seguimiento a la implementación de la reforma agraria, una de las principales iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los nombres mencionados por el director de la ANT se encuentran:

📌 Marcos Daniel Pineda García – Cereté, Córdoba
📌 Liliana Esther Bitar – Ciénega de Oro y San Carlos, Córdoba
📌 Lidio García Turbay – San Juan Nepomuceno, Bolívar
📌 Ana Paola García Soto – Buenavista, Córdoba
📌 Carlos Cuenca Chaux – Puerto Carreño, Vichada
📌 Familiares de Paloma Valencia – Vichada y Tolima
📌 Juan Samy y Habib Merheg – Vichada y Valle del Cauca
📌 Luis Eduardo Díaz Mateus – Cerrito, Santander

Esta denuncia resalta una vez más el debate sobre la concentración de tierras en Colombia y la urgente necesidad de una redistribución más equitativa. En la misma sesión del Consejo de Ministros, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó un informe sobre los avances en la reforma agraria y delineó los ejes que orientan esta política: consolidar a Colombia como una potencia agroalimentaria, modernizar los bienes públicos rurales, fomentar un modelo de crecimiento económico sostenible, promover la justicia agraria y fortalecer la conexión entre el campo y las ciudades.

Con estos objetivos, el Gobierno pretende llevar a cabo una transformación estructural en el campo colombiano, reducir la desigualdad en el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.