El Congreso de la República ha dado luz verde en su último debate al Proyecto de Ley 259 de 2024 Senado, una propuesta impulsada por la senadora Martha Peralta. Esta iniciativa busca establecer mecanismos para la salvaguarda, capacitación y reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure (SAMA Ltda), situadas en el departamento de La Guajira. El objetivo principal de la ley es capitalizar a SAMA Ltda y recuperar el control estatal de la empresa, con miras a modernizar su planta, saldar deudas históricas y relanzar la producción y exportación de sal.

«La sal de Manaure no es solo un recurso natural; también representa un símbolo de cultura, economía y dignidad para el pueblo wayuu», afirmó la senadora Peralta.

Además, el proyecto prevé la protección de 89 empleos directos y la creación de aproximadamente 400 empleos indirectos, lo que dinamizará la economía regional y ofrecerá nuevas oportunidades a las comunidades locales. Parte de las ganancias generadas por la reactivación de SAMA Ltda. se destinarán a proyectos sociales y culturales que beneficien a los pueblos ancestrales wayuu que residen en los municipios cercanos a las salinas.

La ley incorpora también una estrategia de conservación ambiental, que incluye medidas específicas para proteger el ecosistema de las salinas y prevenir prácticas que amenacen la biodiversidad local. «Queremos que la reactivación se lleve a cabo con responsabilidad ambiental y justicia social», resaltó Peralta.

La implementación del plan se llevará a cabo en tres fases. La primera, que durará entre 12 y 18 meses, incluirá el desembolso de recursos, la limpieza de pasivos financieros y la renovación de equipos. En la segunda fase, que tomará 12 meses, se buscará estabilizar la operación y explorar nuevos mercados de exportación. Finalmente, la tercera etapa, de entre 6 y 12 meses, se centrará en consolidar las utilidades y establecer un fondo social para financiar iniciativas comunitarias.

Para asegurar la transparencia del proceso, la ley establece la creación de una comisión de seguimiento compuesta por la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio de La Guajira y la Gobernación. Por último, se estipula que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) proporcionará maquinaria como parte de la inversión, y se exigirá rendición de cuentas públicas de manera periódica.