El Congreso de la República de Colombia aprobó recientemente una nueva legislación que regula la publicación de encuestas políticas, marcando un hito en el cierre del periodo legislativo. La propuesta, que está a la espera de la sanción presidencial, establece un cambio significativo: limita la divulgación de encuestas de intención de voto a un lapso específico dentro del calendario electoral.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2024 y recibió el apoyo de congresistas de diversas agrupaciones, incluyendo a Angélica Lozano del Partido Verde, Paloma Valencia del Centro Democrático, Clara López del Pacto Histórico y Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo. Además, contó con la asesoría técnica de Hanwen Zhang, quien posee un doctorado en estadística y es especialista en análisis de encuestas electorales.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva legislación es la restricción temporal para la realización y publicación de encuestas sobre preferencias electorales. De acuerdo con el artículo 5 del texto aprobado, estos estudios solo podrán ser divulgados a partir de los tres meses anteriores al inicio de la fase de inscripción de candidaturas. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales de 2026, donde la inscripción comienza el 31 de enero, las encuestas podrán hacerse públicas desde el 31 de octubre de 2025.
El magistrado Altus Baquero, del Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayó que esta regulación busca establecer criterios claros para la difusión de información en períodos electorales. «Esta ley introduce conceptos nuevos sobre encuestas de preferencia electoral y establece pautas claras sobre los plazos para su publicación», afirmó Baquero. También aclaró que, en el caso de las elecciones al Congreso, cuya inscripción comienza el 8 de noviembre de 2025, las encuestas estarán disponibles para su divulgación a partir del 8 de agosto del mismo año.
Esta nueva normativa representa un cambio significativo respecto a la regulación anterior, considerada insuficiente por diversos sectores académicos y políticos. Su objetivo es prevenir la manipulación del electorado mediante sondeos que, en muchas ocasiones, se publican sin el rigor técnico necesario o sin un análisis adecuado de los resultados. También busca crear condiciones más equitativas en la contienda electoral, minimizando el efecto de encuestas que podrían favorecer narrativas de ventaja o derrota anticipada.
Desde el Consejo Nacional Electoral se ha anunciado que, tras la sanción presidencial del presidente Gustavo Petro, se iniciará un proceso de reglamentación para guiar a las firmas encuestadoras, medios de comunicación y partidos en relación a los nuevos lineamientos. «Vamos a elaborar una guía clara para implementar la ley de manera responsable», concluyó Baquero. El proyecto ha superado todos los debates en el Congreso y está listo para su promulgación y entrada en vigor.