El sector agropecuario se erige como uno de los principales defensores de un nuevo proyecto legislativo en Brasil, buscando influir en el Congreso para «destrabar» y «modernizar» el país. Este texto, conocido por sus detractores como el «PL de la devastación», ya ha recibido la aprobación del Senado y ahora solo aguarda la sanción del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva. La votación en la Cámara Baja, donde predominan las fuerzas conservadoras, culminó en la madrugada con 267 votos a favor y 116 en contra, justo antes de la cumbre mundial sobre el clima (COP30) programada para noviembre en Belém, en la Amazonía brasileña.
La polémica votación, que comenzó minutos antes de la medianoche y se extendió hasta las 03:30 de la mañana, fue marcada por la ausencia de muchos diputados que participaron de forma telemática. La propuesta, que ha estado en discusión desde 2004, tiene como objetivo simplificar la obtención de permisos ambientales necesarios para diversas actividades productivas en el país. Entre sus aspectos más criticados se encuentra la introducción de la Licencia Ambiental Especial, que permite omitir etapas en el proceso de aprobación, y la Licencia Ambiental por Adhesión o Compromiso, que se basa en la autodeclaración del inversor.
Los defensores del proyecto, principalmente del sector agropecuario, argumentan que esta medida es crucial para «destrabar» el desarrollo de Brasil y modernizar sus infraestructuras. Sin embargo, los partidos progresistas intentaron sin éxito detener la votación, señalando que este movimiento representa un retroceso significativo en la legislación ambiental del país y podría ser inconstitucional. La diputada Duda Salabert del Partido Democrático Laborista expresó su indignación ante el proceso, mientras que la diputada indígena Cecília Xakriabá advirtió que «el dinero no puede reemplazar a los bosques», criticando al Parlamento por su postura «machista, racista y colonial».
Por otro lado, Zé Vitor del Partido Liberal defendió el proyecto al afirmar que brinda «garantías a los emprendedores», abogando por la eliminación de burocracias innecesarias. Marcel van Hattem del partido Novo también respaldó la iniciativa, indicando que la falta de modernización legal puede frenar el desarrollo económico.
Sin embargo, Gabriela Nepomuceno de Greenpeace Brasil expresó preocupaciones sobre cómo el Parlamento permite que las grandes empresas del agronegocio y la industria se autodeclaren aptas para operar sin las debidas inspecciones y sin considerar a las comunidades afectadas. Si Lula opta por vetar el proyecto, el Congreso tendría la capacidad de anular dicho veto con una mayoría absoluta, lo que podría llevar a la promulgación del texto, a pesar de las posibilidades de impugnación judicial.