Durante la audiencia del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa subrayó que es jurídicamente inviable que el exparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera haya estado involucrado en un supuesto complot de testigos falsos, ya que su exclusión del sistema de Justicia y Paz fue definitiva y confirmada años antes de los hechos denunciados. Según se detalló en el estrado, Mejía Múnera fue oficialmente desvinculado del sistema transicional el 21 de mayo de 2014, mediante una providencia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión posterior del 13 de julio de 2015, ratificó esa exclusión al considerarlo un narcotraficante puro, sin conexión con estructuras paramilitares.

Por este motivo, cualquier intento posterior de reintegrarlo, como el que supuestamente habría sugerido el fiscal Carlos Villamil a través de Hilda Niño a inicios de 2016, habría sido calificado como un “exabrupto jurídico” por la defensa. Esta argumentó que “las decisiones con efecto de cosa juzgada no pueden ser revividas”, enfatizando que Mejía Múnera ya no tenía cabida legal en el sistema.

Además, se destacó que la entonces fiscal Hilda Niño no podía tomar parte en esas decisiones en 2016, ya que, de acuerdo con la cronología de su testimonio, había sido apartada del caso en 2014, cuando otra fiscal asumió el expediente y gestionó la exclusión definitiva del exparamilitar. La defensa fue contundente al señalar que las versiones presentadas por Hilda Niño en su relato de colaboración resultan contradictorias y desprovistas de base fáctica.

Particularmente, desmintieron las insinuaciones de que los exfiscales Eduardo Montealegre o Jorge Perdomo hubieran estado involucrados en irregularidades, tal como ella sugirió en 2018. Se recordó que en su declaración más reciente ante la jueza, Hilda Niño admitió que “nunca he dicho que el doctor Eduardo Montealegre me haya dado una orden”, y que su relación con él fue meramente institucional. De manera similar, se refirió a Perdomo, afirmando que “no hay nada malo del doctor Perdomo… era una orden de la Corte y había que cumplirla”, en relación con la exclusión de Mejía Múnera.

Finalmente, la defensa reafirmó que el supuesto complot de falsos testigos carece de fundamento jurídico y probatorio, y que todo se enmarca en un contexto de interpretaciones erróneas influenciadas por terceros, como el abogado Diego Cadena.