La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y su respectiva ley, lo que permitirá al Subcomité para la Prevención de la Tortura llevar a cabo visitas a centros penitenciarios en el país y ofrecer recomendaciones para asegurar condiciones dignas a las personas privadas de libertad. El fallo del tribunal supremo concluyó que este protocolo internacional no infringe ningún artículo de la Constitución colombiana; por el contrario, refuerza las garantías para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de la supervisión regular de las cárceles por un organismo internacional independiente.

Desde el Ministerio de Justicia, esta decisión ha sido celebrada como un avance significativo en el respeto a los derechos humanos. En el boletín informativo N° 52 de la cartera de Justicia, se destacó que este protocolo fortalecerá la vigilancia y mejorará las circunstancias de los detenidos en Colombia.

Además, el Gobierno, a través del Decreto 438 de 2025, ha implementado una política destinada a apoyar a las personas que salen de prisión, con el fin de facilitar su reintegración efectiva a la sociedad. Esta medida incluye la creación de casas de acogida, como Casa Libertad y otros espacios similares, donde se brindará orientación legal, acompañamiento psicosocial y capacitación en áreas como emprendimiento, empleo e inclusión financiera. Estas iniciativas se llevarán a cabo gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), autoridades locales y organizaciones sociales, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a quienes hayan cumplido su condena o estén bajo medidas alternativas a la prisión.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un tratado internacional que fue adoptado por las Naciones Unidas en 1984 y entró en vigor en 1987. Su principal objetivo es prohibir y prevenir la tortura en todo el mundo, tanto por parte de autoridades estatales como de cualquier funcionario público. Colombia es parte de esta convención desde 1987 y, al hacerlo, se comprometió a:

– No permitir la tortura bajo ninguna circunstancia.
– Investigar y sancionar a quienes cometan actos de tortura.
– Evitar la extradición o deportación de personas a países donde puedan ser torturadas.
– Garantizar protección y reparación a las víctimas.

El Protocolo Facultativo, adoptado en 2002 y ratificado formalmente por Colombia mediante la Ley 2371 de 2024, establece un mecanismo de supervisión tanto internacional como nacional para prevenir la tortura. Este protocolo incluye la visita de subcomités, conformados por expertos internacionales y nacionales, a cárceles, comisarías, estaciones de policía, instituciones psiquiátricas y otros lugares donde haya personas privadas de libertad, sin previo aviso. Después de sus visitas, estos subcomités entregan recomendaciones al Estado para mejorar las condiciones y evitar abusos.

La aprobación del Protocolo contra la Tortura garantiza una supervisión externa, objetiva y continua sobre las condiciones en los centros de reclusión, lo que contribuye a prevenir abusos, mejorar el trato a los detenidos y hacer el sistema penitenciario más justo en general.