La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió el jueves a Perú «suspender inmediatamente la tramitación» de un proyecto de ley que, de ser aprobado, impediría que quienes cometieron crímenes antes de 2002 sean juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluido el El expresidente Alberto Fujimori.

lo mas Tribunal Superior de Distrito de Derechos Humanos indicó en un comunicado que la suspensión debe darse hasta que el tribunal tenga «todos los elementos necesarios» para pronunciarse sobre el impacto que tendrá este proyecto de ley en un caso histórico en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta, el nombre de la zona de Lima donde ocurrieron los hechos.

Por este caso, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió 17 años de prisión -aunque fue condenado a 25- como un intermediario en el asesinato de 25 peruanos entre 1991 y 1992, crimen que también fue calificado por la Corte Suprema de Perú como «crimen de lesa humanidad».

Familiares de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta pidieron a la Corte Interamericana que ordene a Perú detener el proceso de aprobación de la polémica ley.

Perú y los familiares de las víctimas han sido citados a una audiencia judicial el lunes 17 de junio para que el alto tribunal analice qué medidas puede tomar para evitar que la posible ley afecte el derecho de las víctimas a la justicia.

La legislación, aprobada en la primera votación la semana pasada, también fue cuestionada por los fiscales, que advirtieron que 550 víctimas, la mayoría de ellos agricultores locales, no recibirían justicia si el Congreso aprobaba el proyecto de ley.

Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000, que dio lugar a decenas de investigaciones y juicios a decenas de militares por la comisión de graves delitos.

La fiscalía dijo en un comunicado que el proyecto de ley era «inconstitucional» e inconsistente con la jurisprudencia de derechos humanos y el derecho internacional, ya que «los Estados no pueden dictar amnistías, prescripciones o exclusión de responsabilidad penal».

«El proyecto de ley mencionado es legalmente inviable ya que el procesamiento y castigo por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra son inadmisibles, lo que crearía impunidad y violaría el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias», dijo la fiscalía.

Según los fiscales, el proyecto de ley también beneficiaría al ex presidente Fujimori, de 85 años, que está siendo juzgado por el asesinato de seis aldeanos en 1992. en la zona de Pativilca, al norte de Lima. Los fiscales acusan a Fujimori de responsabilidad directa por las muertes -incluida la de un adolescente de 17 años- perpetradas con su conocimiento por soldados que mataron impunemente a presuntos miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, y piden 25 años de prisión para el ex-presidente.

Un informe reciente de la Procuraduría Coordinadora de Derechos Humanos indicó que la iniciativa legislativa daría lugar al archivo o prescripción de unos 600 casos, entre investigaciones y juicios, lo que significaría que la responsabilidad penal se extinguiría por el paso del tiempo y los casos permanecerían impune.

Las investigaciones o juicios fiscales que se verán afectados por la iniciativa se refieren a masacres, torturas, agresiones sexuales y desapariciones forzadas -en particular de pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía-, de las que han sido acusados ​​decenas de militares del ejército y de la marina.

El informe del fiscal señala que entre los asesinados se encontraban mujeres embarazadas, adolescentes, niños e incluso bebés.

El polémico proyecto de ley fue impulsado la semana pasada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), también con los votos de militares retirados y legisladores conservadores.

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