La lista de detenidos políticos que existía antes de las elecciones presidenciales de Venezuela experimentó un aumento radical tras la disputada votación de hace dos semanas, donde el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador.

Según activistas de derechos humanos, el país sudamericano nunca había experimentado un aumento de la represión en tan poco tiempo.

En este contexto, Amnistía Internacional se sumó este viernes al pedido de la OEA para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome medidas sobre la situación que vive el país.

«Es hora de que se haga justicia», dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, al anunciar que pediría a la Corte Penal Internacional que determine responsabilidades y emita órdenes de arresto contra Maduro y otros funcionarios responsables de lo que consideraba graves violaciones y crímenes de derechos humanos. contra la humanidad.

«Exigimos a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos», insistió Amnistía Internacional. Este viernes, al igual que Almagro, llamó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a actuar en Venezuela.

El propio presidente venezolano informó de más de 2.200 detenciones esta semana por manifestaciones callejeras y expresiones públicas contra los resultados oficiales de las elecciones, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que afirma tener pruebas de su victoria.

Según Maduro, el 80% de los detenidos desde el 28 de julio son «terroristas» y «criminales» que promueven el odio y la violencia para desestabilizar al Ejecutivo y al país, buscando un «golpe de estado».

Gobiernos y organizaciones multilaterales como Colombia, Brasil, México y Naciones Unidas han pedido a la autoridad electoral de Venezuela que publique un desglose de la votación de julio y la someta a una auditoría independiente.

El oficialismo acudió a la Sala Electoral de la Corte Suprema para aclarar el trámite y dilema de estos actas.

Según sus cálculos, más de 1.700 de los detenidos serían culpables de tales delitos. El presidente de Venezuela ha anunciado que todos serán trasladados este sábado a dos cárceles que han sido cerradas y que se está rehabilitando tras los polémicos resultados electorales.

«Nunca habíamos visto un pico represivo de tanta intensidad como el que estamos viendo ahora, en poco tiempo», advirtió esta semana el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal Gonzalo Himiob en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Cientos de violaciones de derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal y Provea sólo han podido confirmar unas 1.200 de estas detenciones. Dentro y fuera de Venezuela, voces críticas han denunciado que muchas de las detenciones ocurren de manera opaca e ilegal, sin el debido proceso ni la presentación de órdenes de arresto y allanamiento.

En medio de denuncias de decenas de ataques a la prensa y restricciones al espectro comunicacional en Venezuela, Amnistía Internacional afirmó el jueves en una declaración sobre «acusaciones creíbles» de confinamiento solitario y denegación de asistencia jurídica a cientos de detenidos «en alto riesgo de malos tratos y tortura».

Amnistía consideró «inquietante» el «silencio» del fiscal Khan ante las informaciones sobre un aumento «generalizado» de la represión, y exigió «medidas inmediatas» por su parte. Solicitó una declaración «preventiva» a su gabinete como parte de su investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que comenzó en noviembre de 2021.

El exgobernador ha sido detenido

Uno de los últimos detenidos es Williams Dávila, exgobernador del estado andino de Mérida que fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2015. Es uno de los dirigentes que se ha reunido en eventos públicos y conferencias de prensa con María Corina Machado, líder de la oposición, y el candidato Edmundo González Urrutia.

Portavoces del gobierno, incluidos Maduro y su confidente, el líder del parlamento y su delegado para las conversaciones políticas, Jorge Rodríguez, han prometido encarcelar a Machado y González Urrutia.

Dávila fue detenido el jueves por la noche por presuntos agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil, justo después de participar en una vigilia por la liberación de los presos políticos en Caracas, según informes no oficiales y la prensa venezolana.

Sus detenciones se llevaron a cabo en el mismo modus operandi que la de Dávila. Algunos, como el de Superlano, fueron capturados en video y compartidos en las redes sociales.

«Operación Tun Tun»

María Oropeza, coordinadora del comando opositor en el estado llano de Portuguesa, a 270 kilómetros de Caracas, transmitió su arresto en vivo desde su residencia, mostrando a agentes de contrainteligencia militar derribando su puerta para capturarla.

La Dirección de Contrainteligencia Militar utilizó sus materiales para difundir imágenes de su detención y traslado, advirtiendo que «la Operación Tun Tun continúa» con el fondo musical de una canción de una famosa película de terror de los años 80.

Las fuerzas de seguridad llaman «Tun Tun» a las operaciones no oficiales de las fuerzas de seguridad para detener a críticos del gobierno en sus residencias.

Entre las detenciones en los días posteriores a las elecciones se encuentran nueve periodistas, cuatro de los cuales fueron acusados ​​de terrorismo, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

Según la oposición, el gobierno de Venezuela detuvo a más de 70 de sus líderes en los días previos a la votación. Seis de sus activistas se esconden en la embajada argentina en Caracas, incluida la mano derecha de Machado, Magali Meda.

«El mundo está observando», advirtió el jueves por la noche Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

«Esta represión no es un camino sostenible ni una señal de fuerza. Las voces de los electores venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación», añadió el alto portavoz en su cuenta en X, plataforma que ha sido restringida en las últimas horas en Venezuela.

«Se sale X en 10 días», dijo Maduro horas antes, revelando que había aprobado un plan de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a su gobierno. para vetar el acceso a esta red socialcuyo propietario, Elon Musk, fue acusado de incitar al «odio» y a la «guerra civil».

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