La exmandataria argentina, Cristina Fernández, ha sido vista desde su balcón saludando a sus seguidores, mientras cumple una condena de seis años por corrupción desde su residencia en Buenos Aires. (16.06.2025) Imagen: Catriel Gallucci Bordoni/NurPhoto/picture alliance.

El 11 de julio de 2025, la Justicia argentina decidió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) continúe en su actual régimen de prisión domiciliaria. Esto implica que deberá llevar una tobillera electrónica y solicitar autorizaciones especiales para recibir visitas que no estén incluidas en la lista de familiares y personas esenciales que presentó al inicio de su arresto domiciliario el mes pasado.

La Cámara Federal de Casación, actuando como una segunda instancia judicial, respondió a los requerimientos del fiscal Mario Villar, quien había afirmado la semana pasada que la prisión domiciliaria debía mantenerse, aunque sugirió un cambio de ubicación, distinto a su actual residencia en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Fernández se encuentra desde el 17 de junio.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña coincidieron en que el lugar de la condena de Fernández permanecería sin cambios, a pesar de las constantes manifestaciones de apoyo por parte de militantes peronistas en las calles aledañas, las cuales podrían considerarse un problema para el vecindario. El tribunal determinó que las situaciones que afectaron al barrio se habían resuelto desde el 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.

El fiscal Villar presentó argumentos diferentes a los de sus colegas de la primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado poco después del inicio de la prisión que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Negación de las solicitudes de la defensa

Asimismo, este viernes, Casación se pronunció sobre dos solicitudes de la defensa de la ex presidenta: la anulación del régimen de visitas actual, que requiere autorización judicial cada vez que desea recibir a alguien fuera de su círculo más cercano, y la retirada de la tobillera electrónica, al considerar que no hay riesgo de fuga.

El tribunal dividió su decisión: Hornos y Barroetaveña votaron a favor de mantener tanto el uso de la tobillera como el régimen de visitas, mientras que Borinsky estuvo en desacuerdo, argumentando que estas medidas constituyen «una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada».

La Corte Suprema de Argentina había rechazado el 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y confirmó su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz, durante su mandato y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007). Jc (efe, La Nación, Clarín)