El gobierno de Estados Unidos mantiene un considerable personal de 150 venezolanos y destina más de 6.7 millones de dólares al año para el mantenimiento de su embajada y otras propiedades diplomáticas en Caracas, a pesar de haber cortado relaciones con Nicolás Maduro en 2019. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, publicado el pasado viernes, señala que los funcionarios estadounidenses no han llevado a cabo el análisis de costo-beneficio necesario para evaluar si los contribuyentes deberían seguir financiando la seguridad y el mantenimiento del complejo de 27 acres de la embajada y de cinco residencias que ya no albergan a diplomáticos estadounidenses.
La administración Trump ha priorizado la reducción de costos en el gobierno y ha reformado la política exterior de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, esto incluyó acciones como un ataque militar a un barco supuestamente vinculado al narcotráfico que zarpó de ese país, lo que intensificó las tensiones con el gobierno de Maduro. Desde que se rompieron las relaciones bilaterales —cuando Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela—, las sedes diplomáticas de Estados Unidos en el país han estado cerradas, y en marzo de 2019, el Departamento de Estado suspendió operaciones en la embajada de Caracas y evacuó a todo el personal diplomático.
A pesar de la ruptura, un grupo de venezolanos empleados por el Departamento de Estado sigue en el país para salvaguardar los intereses estadounidenses. Aunque la relación entre ambos gobiernos es tensa, nunca se ha interrumpido por completo. El informe del inspector general ofrece una visión poco común sobre esta misión delicada, considerando el historial de Maduro de encarcelar a estadounidenses y opositores.
Las relaciones se han vuelto aún más tensas recientemente, especialmente tras el anuncio de una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, acusado de narcotráfico, y la acumulación de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council, sugirió que podría ser beneficioso mantener operaciones mínimas en la embajada para estar preparados en caso de que se restablezcan las relaciones, aunque cuestionó el gasto de millones de dólares en edificios vacíos.
El informe de 28 páginas se basa en una inspección a la Unidad de Asuntos de Venezuela, que opera desde una sala en la embajada de Estados Unidos en Colombia. Esta unidad, que originalmente contaba con 10 diplomáticos, ahora tiene 21 empleados y se esperaba que facilitara una transición rápida hacia un gobierno pro-estadounidense en Venezuela. Sin embargo, el informe no encontró evidencia de que se revisaran las justificaciones para el aumento de personal.
Desde que se arrió la bandera estadounidense en la embajada, Estados Unidos designó a Suiza como «potencia protectora» del recinto diplomático. El presupuesto total para las operaciones en Caracas, que incluye la compensación del personal local, asciende a 10.5 millones de dólares. Aunque la inspección elogió algunas iniciativas de la Unidad de Asuntos de Venezuela, como un canal de WhatsApp que llegó a 144,000 personas, también emitió siete recomendaciones para mejorar el cumplimiento de las políticas del Departamento de Estado, abarcando desde el manejo de propiedades diplomáticas hasta la gestión del personal y recursos.