El 6 de octubre, un tribunal en Medellín decidió iniciar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, Santiago Uribe Vélez, en relación con los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Esta decisión judicial se produjo en el mismo fallo de 82 páginas que condenó a 28 años de prisión a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999.

La orden de investigar a los hermanos Uribe se basa en el testimonio de un exmiembro de grupos paramilitares, mencionado en varias ocasiones durante el juicio contra Narváez. Este testigo reveló que en 1997 tuvo lugar una reunión en la finca Las Marraneras, donde supuestamente estuvieron presentes los hermanos Uribe Vélez (en ese momento Álvaro era gobernador de Antioquia), Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, miembros de la Policía Nacional y un general de apellido Ospina de la Cuarta Brigada.

Durante ese encuentro, el exparamilitar afirmó que se trató la necesidad de «silenciar» a varios defensores de derechos humanos que estaban investigando la colaboración entre paramilitares y autoridades estatales. Aseguró que Castaño entregó a Santiago Uribe una lista con los nombres de las personas que debían ser eliminadas, entre las que se encontraban Valle y Umaña.

Jesús María Valle fue asesinado en febrero de 1998 y Eduardo Umaña Mendoza en abril de ese mismo año, ambos estaban investigando masacres en Antioquia en los años noventa, como las de El Aro y La Granja, y documentaban la complicidad de miembros de las fuerzas armadas con grupos paramilitares. Las familias de ambos juristas han sostenido desde hace años que los crímenes fueron ordenados por Carlos Castaño Gil, líder de las AUC, con apoyo de agentes del Estado.

El fallo judicial indica en su cuarto punto la orden de remitir copias a la Fiscalía para investigar a los hermanos Uribe Vélez y al general Ospina como presuntos autores intelectuales de estos asesinatos. Al mismo tiempo, la condena a José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba fue calificada como un delito de lesa humanidad, incluyendo una indemnización a los familiares de la exsenadora. Narváez se encuentra actualmente en prisión cumpliendo tres sentencias adicionales por su implicación en las interceptaciones ilegales del DAS, el asesinato del periodista Jaime Garzón y la tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque.

Reacciones de expertos indican que esta decisión es un avance significativo para la búsqueda de la verdad y la memoria histórica. La profesora y exconcejal de Medellín, Dora Saldarriaga, considera que, aunque alcanzar la verdad absoluta es complicado, es esencial que el sistema judicial tome en serio la persecución de defensores de derechos humanos, calificando el fallo como un paso importante para las víctimas y sus familias.

Por otro lado, Federico Restrepo, experto en resolución de conflictos, sostiene que el cerco judicial se está cerrando en torno al expresidente Uribe. A pesar de que la investigación sobre el asesinato de Jesús María Valle parecía destinada a la impunidad, señala que la justicia avanza, aunque lentamente. Restrepo también reconoce que Uribe cuenta con un equipo legal experimentado que utilizará todos los recursos a su disposición, pero añade que este caso se suma a un historial de múltiples denuncias en su contra.