A dos años de la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Marco Romero, miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo de su implementación, revisó las recomendaciones formuladas.
Sostuvo que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad representaron un programa de paz que fue producto de escuchar a víctimas y organizaciones sociales en toda Colombia.
Las recomendaciones están destinadas a una conversación nacional que conduzca al fortalecimiento de la paz, la democracia y la no repetición. También dijo que están dirigidas a las instituciones del Estado y a la sociedad civil.
Asimismo, enfatizó que la Comisión de la Verdad ha realizado un conjunto de 9 capítulos de recomendaciones que constituyen más de 250 órdenes básicas. «Pero miremos algunos objetivos importantes, ya que la Comisión recomienda consolidar la paz, es decir, cerrar los diversos ciclos de violencia», dijo.
“Si bien es cierto que el presidente tiene todo el deseo de hacer las paces, los resultados han sido mixtos. Se refiere a Paz Total, que está negociando con varios grupos armados ilegales. También quiere hablar con sectores que no han apoyado la paz en el pasado, como la extrema derecha, los disidentes de grupos armados de izquierda y otras organizaciones ilegales. dijo Romero.
También señaló que hay muchas críticas a la Paz Total porque la gente espera que se resuelva en los primeros 2 años, dado que estas negociaciones tienen su propia complejidad y cuyos resultados se espera que sean exitosos.
«Pero en este momento veo una armonía muy grande entre lo que el gobierno está intentando y el llamado a la comisión de la verdad». La autobiografía básicamente dice que no podemos continuar con la dinámica de la guerra porque asfixia los derechos humanos, asfixia la consolidación de la paz, la dignidad humana y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de reformas sociales en muchos territorios”, afirmó.
Enfatizó que todavía hay muchos territorios en Colombia donde la violencia sigue igual o peor que antes, debido a la continuidad de esta dinámica, como se ve en las estadísticas de desplazamiento forzado. En estas circunstancias, enfatizó que se han registrado más de 1.000 casos de desplazamiento desde la firma del acuerdo de paz.
Al mismo tiempo, señaló que el segundo punto está relacionado con la paz territorial y que hay avances en este tema a nivel normativo. Por eso enfatizó que la Comisión de la Verdad incluye un conjunto de recomendaciones, muchas de las cuales han sido adoptadas por el gobierno a nivel legislativo, regulatorio y político, pero que se espera que se transformen en políticas, proyectos y decisiones públicas.
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Reconocimiento del campesinado
Marco Romero agregó que uno de estos puntos tiene relación con el reconocimiento del campesinado como objeto especial de protección. Es decir, ya no debe verse como una “cola del desarrollo”, sino como una entidad que proporciona la base alimentaria del país, sin olvidar que puede ofrecer a la nación la oportunidad de ser una fuerza en materia de seguridad alimentaria para Colombia y el resto del mundo.
“Mire, la Jurisdicción Agraria ha sido votada constitucional y legislativamente, y por eso la Jurisdicción Agraria ya existe. Aunque hay que decirlo, los tribunales fueron un poco celosos y por eso obstaculizaron la posibilidad de incorporar un tribunal agrario, que el país necesita, dado que este es un país donde la mitad del campesinado no tiene título oficial.» dijo.
Destacó que este es un país donde hay un nivel muy alto de despojo y abandono forzoso de tierras, donde hay muchas disputas territoriales de los pueblos étnicos contra el Estado que aún no se resuelven.
«Esto requiere un ensayo y un reconocimiento de la magnitud del problema. Por ahora debemos contentarnos con una cuasiespecialidad agraria fragmentada; donde intervendrán diversas agencias del poder judicial”, dijo.
Derechos de los trabajadores rurales
Asimismo, agregó que el gobierno reconoce diplomáticamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Rurales a nivel internacional.
«El Gobierno y el Congreso ratificaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, Escazú. Es un acuerdo por la justicia ambiental y el acceso a la información sobre situaciones que pueden generar desastres e impactos en comunidades y territorios, y también garantiza la protección de los líderes sociales que trabajan por el medio ambiente”, explicó.
Expresó que el Plan de Desarrollo pretende superar las asimetrías territoriales y que el gobierno está comprometido a realizar reformas en las zonas rurales.
«Aunque obviamente las tierras que se han comprado hasta el momento para ser entregadas a los pobladores son muy pocas en comparación con el objetivo contenido en el acuerdo de paz, se espera que el Estado encuentre las fórmulas jurídicas y sociopolíticas para avanzar más decididamente en este proceso». «, aseguró.
También espera que el Congreso ayude a hacer realidad este objetivo, dado que es un compromiso de Estado.
«En el tema de la paz territorial hay mucha voluntad de aceptar las cifras del Acuerdo de Paz y las previstas en las recomendaciones. Pero ahora estamos en una etapa un poco más complicada, y así es como se implementan muchas de las nuevas instituciones que se han creado”, puntualizó.
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Tolerancia en la fuerza pública
«Las recomendaciones son muchas y de distinto alcance. Así como hay un cambio en la política de drogas, hay una evolución en la política de seguridad, y creo que en general, hasta que no solucionemos los problemas de los conflictos y las guerras, tendremos circunstancias que afectan la vida y los derechos de las personas, de los líderes sociales. , como lo dijo el Tribunal Constitucional en su reciente decisión”, dijo.
Reveló que el cambio de enfoque de la Fuerza Pública es evidente pues ahora la vemos mucho más comprometida en la búsqueda de la paz y el respeto a las movilizaciones sociales.
«De hecho, en las grandes ciudades de Colombia vimos movilizaciones sociales que fueron respetadas por el Estado, a pesar de que hubo algunos episodios de violencia policial en algunas ciudades. Y también hemos visto que estas movilizaciones son en general pacíficas», subrayó.
Aunque en distintas marchas dijo que se veía alguna que otra pancarta con amenazas de muerte, destacó que el país entraba en una etapa sin precedentes. Antes, cualquier movilización era estigmatizada por el Estado y reprimida con lógica militar.
Con este logro, enfatizó que ahora ese cambio es muy fuerte en las ciudades, aunque continúa una dinámica muy compleja de violencia en los territorios que hay que enfrentar.
«Los cambios también se notan en el ámbito de las drogas. Ahora no se ve que el gobierno esté persiguiendo a los cultivadores de coca, ya que debilita el impulso de la prohibición y busca un cambio de política hacia un modelo que permita que los problemas de consumo sean vistos como un problema de salud pública”, señaló.
Sobre este y otros temas, afirma que son muchos los cambios que se vislumbran, sin olvidar que las recomendaciones implican transformaciones de muy largo plazo.
«Además, dependen mucho de poder consolidarse en un entorno de paz y permitir que la democracia dé sus frutos de una manera más sostenible», afirmó.
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Dificultades
Ante las dificultades encontradas para cumplir con las recomendaciones, dijo que algunas están relacionadas con temas de compensación integral a las víctimas ya que hay un costo muy alto.
«En Colombia hay alrededor de 8 millones de víctimas que no han recibido sus beneficios, que cuestan decenas de millones de pesos, y ese dinero hay que recibirlo, y no hemos visto la voluntad del Legislativo de apoyar una iniciativa de tan largo plazo. de este tipo de sistema de distribución que permita financiar estas compensaciones», explicó.
Ante esta situación, dijo que estos beneficios se deben pagar en el corto plazo porque es una forma de cubrir un porcentaje de lo que las personas perdieron y ayudar a la comunidad a iniciar una nueva vida.
«Hay un problema muy grande y es fiscal y no se puede decir que Colombia no tiene recursos porque es un país con un ingreso promedio más alto. Además, el problema es que es uno de los países más desiguales del mundo», apuntó.
Y expresó que esto implica la implementación de reformas distributivas para alcanzar esas metas.
«Creo que no es posible resarcir a tantas víctimas, ni avanzar en la reforma rural, ni es viable reconstruir el campo colombiano sin lograr una distribución de recursos y cambiar la dinámica de las profundas desigualdades que tiene el país», afirmó. dicho.
«En otras cuestiones también hay dificultades, por ejemplo el Departamento de Igualdad fue muy importante porque pretendía cambiar la lógica de un Estado monocultural que atiende a algunos sectores pero no a otros», afirmó.
Reiteró que muchas veces en los territorios la gente nunca ha visto el rostro del Estado social de derecho y por ello dijo que la nación debe prestar atención a los lugares donde nunca ha estado presente.
“Es fundamental abordar los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres rurales que nunca han estado sujetos a su acción. Así que no necesitamos poner autoritarismo ahí, sino más bien el estado de derecho con sus salvaguardias para la sociedad, y eso implica que no sólo hay progreso financiero sino también progreso institucional”, afirmó.
Lamentablemente, dijo, el Ministerio de Igualdad ha sido declarado inviable porque es una cuestión de forma, de requisitos que no se cumplieron en el proceso de su constitución.
“Estos son algunos de los muchos temas que están en las recomendaciones para entender la dimensión del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)” señaló Marco Romero diciendo; miembro del Comité de Seguimiento y Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.