Más de 800 prisioneros colombianos fueron deportados a su país a través del paso fronterizo de la provincia ecuatoriana de Carchi, según informaron las autoridades locales este sábado (26.07.2025). La Cancillería colombiana presentó el viernes una nota de protesta diplomática a Quito, argumentando que la deportación se llevó a cabo de manera «unilateral» y en «incumplimiento» del derecho internacional.

La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, declaró a la prensa en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán, que se había realizado un trabajo conjunto con las autoridades de Migración de Colombia y Ecuador para asegurar que el proceso de deportación fuera ágil y evitar un colapso en el puente. Sin embargo, las autoridades colombianas afirmaron que no fueron notificadas sobre la deportación. «El problema que hemos enfrentado es que, al no informarnos, no tuvimos un plan de contingencia para recibirlos», comentó Juan Morales, secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que indicó que Quito inició la deportación «desatendiendo las respetuosas y reiteradas» solicitudes para establecer un protocolo previo. Además, calificó la medida como un «gesto inamistoso». Por su parte, la Cancillería ecuatoriana aseguró en un comunicado que las deportaciones fueron comunicadas a Bogotá desde el 8 de julio y se llevaron a cabo con «respeto a los derechos humanos», tras una revisión individual de cada caso, criticando así la afirmación sobre una supuesta deportación colectiva.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó en 2024 su intención de deportar a prisioneros colombianos para aliviar la congestión en las cárceles. En abril, pequeños grupos de reos comenzaron a ser trasladados hacia la frontera.