El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció el domingo 27 de julio de 2025 que se están deportando a 1.000 prisioneros a Colombia, quienes cumplen condenas en diversas cárceles del país. Reimberg aseguró que estos individuos tienen «prohibido su ingreso a Ecuador durante los próximos 40 años». A través de su cuenta en la red social X, el ministro afirmó: «No permitiremos que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles». Esta repatriación, que comenzó el viernes con los primeros 700 reos, fue denunciada por Colombia como una acción «unilateral» y «hostil».

El ministro destacó que esta medida forma parte de la política de «tolerancia cero» frente al crimen organizado, y enfatizó que quienes amenacen la seguridad del país no tienen lugar en Ecuador. Según Reimberg, los deportados estaban finalizando sus penas por delitos como robo, receptación, tráfico de drogas y otros delitos contra la propiedad. Sin embargo, dos de los deportados afirmaron a EFE que habían estado poco tiempo en prisión, uno de ellos apenas dos años de los diez a los que fue sentenciado, y otro poco más de un año, de los más de tres que debía cumplir. «Seguiremos firmes. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad», añadió Reimberg.

Por su parte, el viernes, la Cancillería colombiana expresó su «enérgica protesta» contra Ecuador por iniciar el proceso de deportación de manera unilateral. Según las autoridades colombianas, las repatriaciones comenzaron sin un protocolo adecuado, lo que impide la identificación completa de los deportados y la verificación de su situación legal, además de violar principios del Derecho Internacional que prohíben las deportaciones masivas. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana negó el sábado que se estuviera llevando a cabo una «deportación colectiva», asegurando que se estaban respetando los debidos procesos mediante la emisión de resoluciones individuales y la correspondiente orden de excarcelación emitida por la autoridad judicial.

Las cárceles en Ecuador se han convertido en un epicentro de violencia criminal, y el país ha registrado uno de los índices de homicidio más altos de América Latina. En respuesta a esta crisis, el presidente Daniel Noboa ha declarado que Ecuador se encuentra en un «conflicto armado interno» con el fin de combatir a las bandas criminales, a las que ha calificado de terroristas. El año pasado, el mandatario tomó la decisión de repatriar a los presos extranjeros, que en ese momento sumaban alrededor de 3.200, representando el 10% de la población penitenciaria del país, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana y venezolana.