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Caracas, 16 de diciembre de 2025
La tensa dinámica en las aguas del Pacífico oriental y el Caribe ha escalado a un nuevo y dramático nivel. El Comando Sur de Estados Unidos (EE. UU.) confirmó haber llevado a cabo ataques letales contra tres lanchas en aguas internacionales, un operativo que ha resultado en la muerte de ocho personas. Estos incidentes se enmarcan en la controvertida “operación Lanza del Sur”, un despliegue militar sostenido que, si bien se justifica oficialmente como una lucha contra el narcotráfico y el «narcoterrorismo», ha generado serias interrogantes sobre el uso de la fuerza letal sin el debido proceso y la ausencia de pruebas concluyentes.
El organismo militar estadounidense, a través de sus canales en redes sociales, informó que el ataque fue dirigido contra embarcaciones que supuestamente eran operadas por «organizaciones terroristas designadas» y que transitaban por «rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental». La operación, según el Comando Sur, se ejecutó bajo la dirección directa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmando la alta jerarquía política que respalda estas acciones militares en la región.
Un Saldo Fatal y la Opacidad de la Evidencia
Los ataques, detallados por el Comando Sur, dejaron un saldo ominoso: tres personas fallecidas en la primera embarcación, dos en la segunda y otras tres en la tercera, totalizando ocho víctimas mortales. La frialdad de las cifras contrasta con la gravedad de la acción: el uso de fuerza letal en aguas internacionales bajo la única justificación de la inteligencia que «confirmó» su dedicación al narcotráfico.
El principal punto de fricción radica en la opacidad que envuelve a estos operativos. Desde el inicio de la “Operación Lanza del Sur” en agosto pasado, una ofensiva que Washington anunció con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE. UU. de las drogas, se han reportado bombardeos y ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes tanto en el Caribe como en el Pacífico.
El saldo de estas operaciones, incluyendo las ocho nuevas víctimas, ya supera las 80 personas muertas, según los reportes, «sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes». Esta falta de verificación independiente y la ejecución sumaria de las acciones levantan serias banderas rojas respecto a la legalidad y la ética de las tácticas empleadas por EE. UU. en la región.
Geopolítica de la Operación «Lanza del Sur»
El contexto de estos ataques es inseparable de la creciente tensión geopolítica. Desde agosto, EE. UU. ha mantenido un «despliegue de fuerza militar significativa» frente a las costas de Venezuela, un país que ha denunciado estas maniobras como una flagrante violación de su soberanía marítima y una provocación injustificada.
La narrativa oficial de EE. UU. —la lucha antidroga— choca con la interpretación que Caracas y otros analistas de la región dan al despliegue. Venezuela ha criticado que estas operaciones militares no buscan la cooperación multilateral en la lucha contra el tráfico de drogas, sino que actúan unilateralmente en un ejercicio de poder que mantiene un cerco militar encubierto alrededor de naciones consideradas adversarias.
La Operación Lanza del Sur no solo implica la intercepción de lanchas. Es un despliegue que incluye activos aéreos, navales y equipos de inteligencia que operan bajo reglas de enfrentamiento que parecen priorizar la eliminación del objetivo sobre la captura o el debido proceso legal. La doctrina de «eliminar a los narcoterroristas» introduce un componente ideológico y de seguridad nacional que justifica la fuerza letal de manera preventiva, una práctica que ha sido históricamente criticada por organismos internacionales de derechos humanos.
Cuestionamientos Legales y Éticos en Aguas Internacionales
El hecho de que los ataques se hayan producido en «aguas internacionales» intensifica las preocupaciones legales. ¿Bajo qué mandato judicial o internacional actúa el Comando Sur para ejecutar la muerte de ciudadanos que no han sido juzgados ni condenados, bajo la única base de inteligencia militar?
Los críticos de la operación argumentan que, incluso si las embarcaciones estuvieran dedicadas al narcotráfico, el protocolo internacional exige, en la medida de lo posible, la interceptación, la detención y la incautación, no la aniquilación de la tripulación. La destrucción de las lanchas con sus ocupantes a bordo impide no solo la recopilación de pruebas físicas del supuesto cargamento (lo que respalda la acusación de «falta de pruebas»), sino que también vulnera el derecho fundamental a la vida y al debido proceso de los fallecidos.
La escalada de muertes (más de 80 en pocos meses) sugiere que la Operación Lanza del Sur está operando con una doctrina de «disparar a matar» justificada por la designación de los objetivos como «terroristas», una etiqueta que en la política exterior estadounidense a menudo permite el uso de fuerza militar que el derecho internacional humanitario prohíbe en otros contextos.
Repercusiones Regionales: El Silencio y la Condena
Mientras que el Comando Sur se limita a reportar las acciones como «éxitos operacionales», la constante escalada de muertes sin pruebas genera una profunda preocupación en la región. Para naciones como Venezuela, que ven en el despliegue del Comando Sur una amenaza directa, estos ataques son la prueba de la arrogancia militar y la política de fuerza unilateral de Washington.
La situación establece un peligroso precedente en el hemisferio: la militarización de la lucha contra el narcotráfico con la potestad autoproclamada de ejecutar objetivos en aguas internacionales basándose únicamente en inteligencia no verificada. Esta acción erosiona la confianza en la cooperación multilateral y justifica la militarización de las respuestas de otras naciones, elevando el riesgo de incidentes armados en una región ya de por sí volátil.
El debate que surge es vital: ¿Está la lucha contra las drogas siendo utilizada como una cortina de humo para un despliegue geopolítico más amplio, o se trata de una campaña legítima pero ejecutada con una brutalidad inaceptable? Las ocho nuevas muertes en el Pacífico oriental, tres lanchas destruidas y más de 80 víctimas en total exigen una investigación internacional urgente y la rendición de cuentas por parte del Comando Sur y del Departamento de Guerra de EE. UU. mientras la región observa con creciente alarma.