La modernización del Puerto Quetzal, el principal puerto del Pacífico en Guatemala, será impulsada con una inversión cercana a los 64 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Este esfuerzo, destinado a promover el desarrollo económico y combatir el crimen organizado, fue formalizado a través de un acuerdo bilateral firmado el 22 de mayo de 2025. El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur estadounidense, anunció que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos liderará las obras en el puerto, ubicado en el sur del país, durante un evento en el Palacio de la Cultura en la Ciudad de Guatemala.

La denominada «Carta de oferta y aceptación de ampliación del puerto Quetzal» fue firmada por Holsey y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. Según el almirante, la modernización abarcará «puertos, navegación y servicios de diseño de transporte» para aumentar las zonas de atraque, profundizar los canales de navegación y desarrollar mejoras duraderas y de calidad, que incluirán sistemas de almacenamiento, terminales y otros servicios.

Este proyecto no solo se centra en la infraestructura física, sino que también busca abordar «las amenazas y desafíos a la seguridad, estabilidad y prosperidad» que enfrentan ambos países.

El embajador estadounidense en Guatemala, Tobin Bradley, destacó que este compromiso también refleja la determinación del presidente Arévalo para erradicar el narcotráfico y el crimen organizado, así como para garantizar la transparencia y colaborar con socios de confianza. Además, mencionó que Estados Unidos apoyará la mejora de los «corredores de transporte, ferrocarriles, carreteras y aeropuertos», con el objetivo de fortalecer la infraestructura logística del país.

Bradley subrayó que estas iniciativas buscan establecer «las bases para aumentar el comercio», generar empleos dignos, eliminar la migración ilegal y mejorar la conectividad regional. Por su parte, el presidente Arévalo añadió que el acuerdo no solo se enfoca en el «desarrollo nacional», sino que también combate amenazas transnacionales como la trata de personas y el tráfico de drogas.

La firma de este convenio se produce en un contexto de controversia, después de que la fiscalía cuestionada del país acusara al presidente Arévalo, el 9 de mayo, de haber «entregado» ilegalmente el control de los puertos a empresas chinas.