El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha logrado una victoria en las elecciones parlamentarias celebradas recientemente, según el recuento proporcionado por la televisión Ekattor. Este evento electoral se convierte en un hito político significativo, ya que es el primer gran test tras la revuelta juvenil que el año pasado llevó a la destitución de Sheikh Hasina. Con 151 escaños de los 300 que conforman el Jatiya Sangsad, el Parlamento unicameral del país, el BNP ha superado la mayoría simple y se encuentra en condiciones de formar Gobierno. Su principal rival, el partido islamista Jamaat-e-Islami, ha conseguido 42 asientos. Shafiqur Rahman, líder del Jamaat, mostró signos de aceptación de los resultados incluso antes de que el recuento confirmara la ventaja del BNP.

Estas elecciones representan las primeras elecciones libres en casi dos décadas. Las urnas se abrieron en un ambiente de gran expectación, con un 44% de la población de 170 millones de ciudadanos convocados a participar en los comicios, los primeros desde el levantamiento promovido por la Generación Z en 2024, que puso fin a años de dominio político de Hasina y abrió un periodo de transición lleno de incertidumbre. Según informes locales, la participación podría superar el 60% del censo, marcando un incremento significativo respecto al 42% de la anterior convocatoria. Más de 2,000 candidatos, incluidos una coalición de 13 partidos y numerosos independientes, compitieron bajo las banderas de al menos medio centenar de formaciones, estableciendo un récord. La votación fue aplazada en una circunscripción debido al fallecimiento de uno de los candidatos.

Los sondeos ya indicaban una ventaja para la alianza encabezada por el BNP, que presentó candidatos en 292 distritos y reservó el resto para sus socios menores. Al frente del partido se encuentra Tarique Rahman, de 60 años, hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia y del expresidente Ziaur Rahman, y quien es el principal candidato para liderar el Ejecutivo. Durante la campaña, el BNP prometió ayudas directas a las familias de bajos ingresos, limitar el tiempo de permanencia de un primer ministro a diez años, atraer inversión extranjera para impulsar el crecimiento y fortalecer los mecanismos contra la corrupción. Ahora, el desafío será convertir esta agenda en estabilidad en un país que, tras la convulsión política del último año, busca restablecer la normalidad institucional sin perder de vista las demandas de renovación que originaron las protestas.