El presidente Gustavo Petro se expresó sobre la reciente decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, quien anunció que no se convocará a consulta popular hasta que se reciba la aprobación de la Corte Constitucional. «Lo que corresponde jurídicamente es dejar la decisión en manos de las altas cortes», declaró el registrador. En respuesta, Petro defendió la validez del decreto presidencial, subrayando que su cumplimiento es obligatorio. «El decreto que he firmado (…) tiene presunción de legalidad, y su aplicación es mandatoria. Lo contrario sería sedición», advirtió.

Además, el presidente criticó la actuación del registrador, alegando que está participando en el debate político y llamó a la sociedad a no permitir este tipo de acciones. «La registraduría, siendo árbitro de las elecciones, toma un partido, algo que no debería suceder, y que las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia no deberían aceptar», manifestó.

El mandatario también denunció que esta situación es parte de una estrategia para debilitar su Gobierno. Afirmó que ciertos sectores que no representan al electorado están «despojando de poder a la presidencia» con el fin de llevar a cabo un «golpe institucional». A diferencia de administraciones pasadas, esta vez se ha optado por funcionarios que no están alineados con la voluntad popular expresada en las elecciones de 2022, lo que busca deslegitimar la presidencia a través de falsedades para provocar un golpe institucional, concluyó.

Independientemente de la resolución que tome la Corte Constitucional, encargada por la Constitución de salvaguardar las consultas populares, acataremos la decisión, tal como lo afirmé desde el momento en que firmé el decreto sobre la consulta popular, que cuenta con toda la legitimidad de… [enlace a la publicación].