La economía colombiana atraviesa un periodo de reajuste crítico tras la entrada en vigor del incremento del 23% en el salario mínimo legal mensual para el año 2026. Si bien esta medida fue presentada como una victoria para el poder adquisitivo de los trabajadores, ha generado un efecto dominó que amenaza con paralizar el sector de la construcción y alejar el sueño de la vivienda propia para miles de familias. La raíz del problema reside en la indexación: históricamente, el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) se calcula en salarios mínimos, lo que significa que cualquier aumento salarial encarece proporcionalmente el costo total del inmueble.
​Bajo este esquema, una vivienda VIS que en 2025 tenía un tope de 150 salarios mínimos ha pasado de costar aproximadamente 213 millones de pesos a superar los 262 millones en 2026. Este incremento súbito de casi 50 millones de pesos ha dejado en el aire los cierres financieros de más de 24,000 hogares que ya habían iniciado sus procesos de compra y que ahora se encuentran con una deuda que no pueden cubrir. La industria de la construcción, agrupada en gremios como Camacol, ha advertido que esta situación podría derivar en un desistimiento masivo de proyectos y una pérdida sustancial de empleos en un sector que es motor fundamental del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
​Para mitigar este impacto, el Gobierno Nacional ha anunciado un decreto de urgencia orientado a la «desindexación» o desvinculación del precio de la vivienda respecto al salario mínimo. La propuesta principal busca que el valor de la VIS se fije en pesos desde el momento de la firma de la preventa, eliminando la incertidumbre de los ajustes anuales. Además, se planea reducir el tope legal a 135 salarios mínimos en grandes ciudades para intentar estabilizar los precios cerca de los 236 millones de pesos. Sin embargo, expertos financieros señalan que esta medida podría ser un arma de doble filo: mientras protege al comprador, traslada el riesgo inflacionario y el aumento de costos de materiales al constructor, lo que podría reducir la oferta de vivienda nueva en el largo plazo.
​El debate se extiende más allá de los precios. El acceso a los subsidios del programa «Mi Casa Ya» también está en revisión, pues los nuevos montos de las cuotas hipotecarias superan la capacidad de pago de los hogares que ganan menos de dos salarios mínimos. Mientras el Ministerio de Vivienda defiende que estas reformas son necesarias para corregir lo que el presidente Petro ha calificado como una «aberración económica», el mercado inmobiliario se mantiene en una tensa calma, a la espera de que el Banco de la República logre controlar la inflación residual que un aumento salarial tan agresivo suele traer consigo. El éxito de estas medidas determinará si el 2026 será el año de la estabilización del sector o el del inicio de una crisis habitacional sin precedentes.