El presidente Gustavo Petro ha firmado el Decreto 0799 de 2025, el cual introduce cambios significativos en la distribución de las tutelas presentadas contra su administración. A partir de ahora, dichas acciones podrán ser atendidas por cualquier juez competente en el país, en lugar de ser limitadas exclusivamente al Consejo de Estado, como era la práctica anterior.

Esta nueva medida tiene como objetivo fortalecer el principio de desconcentración funcional dentro del sistema judicial y evitar la acumulación de poder en una única entidad. De acuerdo con los artículos 86 y 228 de la Constitución, que garantizan el derecho de cualquier persona a presentar tutelas en cualquier momento y lugar, se establece que “el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano ante cualquier juez de la República”, según palabras del mismo Petro al firmar el decreto. El presidente subrayó la importancia de esta decisión en términos de democracia y justicia, enfatizando la necesidad de evitar la elitización del sistema judicial y promover su democratización.

Además, esta modificación se alinea con decisiones previas tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, las cuales han subrayado que las reglas de distribución no deben ser obstáculos para el acceso a la justicia ni mecanismos que limiten la competencia de los jueces. El nuevo marco establece que el Presidente, en su rol como autoridad nacional, estará sujeto a los mismos criterios de reparto que se aplican a otras entidades del Ejecutivo.

El Gobierno también argumenta que este cambio refuerza la imparcialidad estructural del sistema judicial, ya que previene que una misma corporación conozca un caso en el contexto de una tutela y posteriormente actúe como juez natural en procesos de legalidad administrativa, evitando así posibles conflictos de interés.

El decreto aclara que esta modificación no interfiere con el control constitucional ejercido por la Corte Constitucional, ni limita el derecho a la tutela, el cual sigue siendo accesible para cualquier ciudadano independientemente de su ubicación o situación.

En cuanto a la reorganización del sistema de tutelas, el decreto establece un objetivo claro de redistribuir la carga judicial y garantizar una mayor imparcialidad en los procesos. La medida busca reforzar los principios de igualdad en el acceso a la justicia y desconcentración funcional para evitar la acumulación de casos en un solo tribunal.

Finalmente, es importante resaltar que este cambio no altera las competencias para la revisión de tutelas en segunda instancia, que seguirán siendo responsabilidad de los tribunales o secciones del Consejo de Estado según corresponda. Sin embargo, transforma el proceso inicial para la revisión de tutelas contra las altas autoridades del Ejecutivo, estableciendo un nuevo procedimiento para estas acciones constitucionales.