El presidente Gustavo Petro ha declarado que se unirá a la movilización programada en Cali, en apoyo a la convocatoria realizada por diversos movimientos sociales que respaldan la consulta popular y las reformas sociales propuestas por su gobierno.
La declaración del mandatario se produjo el pasado miércoles 4 de junio, cuando confirmó su presencia en la movilización ciudadana que tendrá lugar el 11 de junio, organizada por múltiples grupos sociales, sindicales y populares que apoyan su agenda de transformaciones. «Este 11 de junio, los movimientos populares han decidido convocar a la ciudadanía a movilizarse en el país. He decidido acompañarla», escribió Petro en su cuenta de X.
Este anuncio ocurre en un contexto de alta tensión tras el fracaso de la consulta popular el 14 de mayo, en medio de serias acusaciones sobre irregularidades en la votación de la Comisión Primera del Senado. El presidente indicó que firmará un decreto para convocar a la consulta popular, como una forma de democracia directa, ante lo que él considera «una afrenta a la Constitución que permite la declaración de inconstitucionalidad evidente». El nuevo acto administrativo será emitido a más tardar el 11 de junio, según lo confirmado por el Ministerio del Interior.
La movilización del 11 de junio es un esfuerzo colectivo de los movimientos populares para alzar la voz en todo el país. «Estaré en Cali, y espero todo el apoyo del occidente del país, para demostrar que el pueblo no se rinde y que ha llegado su hora», afirmó el presidente.
Por otro lado, sectores del empresariado, representados en el Consejo Gremial Nacional, junto con algunos congresistas, han expresado su rechazo a esta nueva convocatoria, acusando al presidente de «vulnerar la institucionalidad», según una carta publicada el 3 de junio. En respuesta, Petro ha señalado que estas críticas provienen de una perspectiva «neoesclavista y anacrónica», que presiona al Congreso y desconoce la soberanía popular consagrada en la Constitución de 1991.
La elección de Cali como centro de la movilización tiene un profundo significado: fue un bastión de resistencia durante el estallido social de 2021, una ciudad marcada por la desigualdad, pero también un lugar clave en la lucha por reformas estructurales. El suroccidente de Colombia, donde se encuentran comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, ha sido un pilar en la defensa de la justicia social y la paz territorial.
Desde el Primero de Mayo, cuando Petro lanzó públicamente la convocatoria a la consulta desde la Plaza de Bolívar, el apoyo ciudadano ha ido en aumento en todo el país. Sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantes, plataformas urbanas y defensores de derechos humanos han reiterado su respaldo a esta iniciativa, considerándola un mecanismo legítimo para desbloquear la agenda social en el Congreso.
Este nuevo capítulo refleja la confrontación entre dos visiones del país: la de la política tradicional, alineada con intereses empresariales, y la del movimiento popular, impulsada por la fuerza de las organizaciones sociales y la ciudadanía. En esta lucha, están en juego la dignidad humana y los derechos fundamentales que deben ser plenamente reconocidos.